A siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa solo tres jóvenes han sido identificados plenamente de entre los pocos indicios hallados en las inmediaciones del basurero de Cocula
A siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa solo tres jóvenes han sido identificados plenamente de entre los pocos indicios hallados en las inmediaciones del basurero de Cocula.
Alexander, Christian y Jhosivani
El primero en ser identificado fue Alexander Mora, cuyos restos se hallaron en octubre de 2014 en el río San Juan, junto al basurero de Cocula.
Con este hallazgo se trató de fundamentar la llamada «versión histórica» de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio.
El Equipo Argentino de Antropología Forense avaló la identidad de Alexander, pero no el lugar en donde fueron encontrados los restos.
Apenas en 2020, los restos óseos de un segundo normalista, Christian Rodríguez, fueron identificados por la Universidad de Innsbruck.
El joven tenía 19 años cuando desapareció y creció en el barrio de Santiago en Tixtla, Guerrero. Le gustaba pasar sus horas en el Centro Cultural de Tixtla y bailaba en el grupo de danza folklorica Xochiquetzal.
Por último, el laboratorio de genética de la Universidad de Innsbruck, en Austria, confirmó la identidad del tercer normalista, Jhosivani Guerrero, en septiembre de 2021.
Los restos de Christian y Jhosivani fueron encontrados en un lugar diferente al basurero y al río de Cocula, la barranca de La Carnicería.
¿Qué pasó con los normalistas de Ayotzinapa?
El 26 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudieron a la ciudad de Iguala, en donde «boteaban» para obtener recursos para acudir a la marcha del 2 de octubre en la CDMX.
Como parte de las acciones que los normalistas realizaban, «tomaron» cinco camiones de pasajeros, lo que ya habían hecho en otras ocasiones, para trasladarse de Iguala a la Ciudad de México.
Sin embargo, la noche del 26 de septiembre policías municipales impidieron el paso de tres de los camiones que circulaban por calles centrales y dos más que se encontraban en avenidas periféricas de Iguala.
Según los testimonios de algunos estudiantes que sobrevivieron a esa noche, los policías municipales dispararon en contra de los autobuses en los que viajaban los normalistas. Los uniformados iban acompañados de civiles, que posteriormente fueron identificados como miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Debido a la inconformidad de las familias sobre la llamada «verdad histórica», el gobierno solicitó la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para crear el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que investigó el paradero de los normalistas.
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Sin embargo, el GIEI, conformado por expertos en derechos humanos, denunció que las autoridades no les daban acceso completo a las investigaciones, lugares y testigos del caso Ayotzinapa.
El equipo de expertos realizó dos informes en los que no avalaban la versión sobre la incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula tras sus peritajes independientes y que tampoco se había investigado la línea sobre la droga en el quinto camión de pasajeros.
A siete años de la desaparición de los normalistas, la exigencia de justicia de los familiares sólo crece, pues además de que rechazan la llamada «versión histórica», aseguran que el Ejército está involucrado en la desaparición de los jóvenes, lo que constituye uno de los puntos más irreconciliables en la investigación.
A pesar de ello, parece que los familiares de los 43 llevan una mejor relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que con el de Enrique Peña Nieto, aunque el caso Ayotzinapa permanece aún como una herida en México.
Fuente: El Universal
