Trump declara conflicto armado de Estados Unidos contra cárteles de droga y califica a narcotraficantes como “combatientes ilegales”
Medida genera críticas de expertos en derecho internacional y congresistas demócratas

Redacción Macronews
Washington D.C., 2 de octubre del 2025.– El presidente Donald Trump ha decidido que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” formal con los cárteles de la droga, designados como organizaciones terroristas, y que los presuntos narcotraficantes de estos grupos son “combatientes ilegales”, según una notificación confidencial enviada al Congreso esta semana.

La decisión consolida los poderes extraordinarios del Ejecutivo en tiempos de guerra, permitiendo legalmente atacar y eliminar a combatientes enemigos sin necesidad de juicio, según el derecho internacional. El gobierno argumenta que los ataques recientes contra embarcaciones en el Caribe, donde murieron 17 personas, forman parte de este conflicto armado.

Juristas y expertos han cuestionado esta medida. Geoffrey Corn, abogado y general retirado, señaló que “vender un producto peligroso es distinto a un ataque armado”, calificando la acción de Trump como un “abuso” que traspasa fronteras jurídicas importantes. Especialistas en derecho internacional sostienen que los cárteles no cumplen con los criterios para ser considerados grupos armados organizados en un conflicto armado.

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El gobierno estadounidense justifica su medida en que los cárteles “causan ilegal y directamente la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año” y sostiene que los ataques recientes eran de autodefensa. Sin embargo, los críticos señalan que la mayoría de las drogas letales provienen de México, mientras que los ataques se dirigieron a embarcaciones procedentes de Venezuela, sin autorización explícita del Congreso.

Senadores demócratas han advertido que la medida abre la puerta a “guerras secretas contra cualquiera que el presidente considere enemigo”, sin rendición de cuentas ni supervisión legislativa. Por su parte, la Casa Blanca y el Pentágono aseguran que las acciones se realizan conforme a la legislación nacional e internacional y con las notificaciones correspondientes al Congreso.