Pandora papers demuestra que para algunos funcionarios no es problema implicarse en tramas financieras y jurídicas empresariales en paraísos fiscales, dice experto
San José.— La credibilidad de la clase política de América Latina y el Caribe volvió a quedar en entredicho con el destape de los Pandora Papers, una caja de viejos secretos sobre el involucramiento de presidentes, ministros y dirigentes partidistas latinoamericanos y caribeños en tramas financieras y jurídicas empresariales en paraísos fiscales para perder el rastro del dinero, eludir impuestos y ocultar activos.
Los Pandora Papers fueron revelados el domingo anterior como parte de un trabajo de análisis de más de 11.9 millones de documentos por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en asocio con unos 600 reporteros y medios de información de los cinco continentes.
“La investigación demuestra que para un conjunto de políticos activos y no activos sus actividades son muy rentables y poco transparentes”, adujo el historiador y urbanista ecuatoriano Fernando Carrión, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), ente no gubernamental autónomo.
“En un momento en que hay un descrédito muy grande de los políticos, Los Papeles de Pandora son un terreno muy bueno para limar la poca credibilidad que todavía pueda tener la clase política”, por su “práctica de no tributar en sus propios países”, explicó Carrión a EL UNIVERSAL.
La papelería descubierta exhibió la participación en las maniobras en refugios fiscales de los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, de Ecuador, Guillermo Lasso, y de República Dominicana, Luis Abinader, y la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez.
También involucraron a los expresidentes Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), de Panamá; César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002), de Colombia; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), de Perú; Porfirio Lobo (2010-2014), de Honduras; y Horacio Cartes (2013-2018), de Paraguay.
Familiares y asesores de los ex presidentes Mauricio Macri (2015-2019), Néstor Kirchner (2003-2017, fallecido) y Carlos Menem (1989-1999, fallecido) fueron mencionados en la voluminosa lista.
Las personas señaladas, como Martinelli, refutaron los cargos.
El gobierno dominicano alegó que Abinader y su familia “utilizaron compañías ‘offshore’ para manejar inversiones y activos locales que cumple sus obligaciones tributarias” en República Dominicana.
El gobernante tiene interés de que “cada día sean más fuertes los esfuerzos en beneficio de la transparencia, la democracia, la lucha contra la impunidad y la corrupción, predicando con el ejemplo, como nadie antes”, insistió. Abinader inició su cuatrienio en agosto de 2020.
Lasso, por su parte, aseveró que “no ha existido ningún encubrimiento de ninguna naturaleza”, explicó que, en 2017 y antes de convertirse en candidato presidencial, se despojó de firmas “offshore” o extraterritoriales que tuvo en santuarios fiscales de Dakota del Sur, Estados Unidos, y Panamá.
“No tengo ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo” con esas estructuras jurídicas”, adujo. Lasso asumió en mayo anterior su mandato de cuatro años.
El gobierno de Chile, en tanto, negó que Piñera tuviera participación en la venta de una compañía minera y respondió que el señalamiento en contra del mandatario en Los Papeles de Pandora tiene una “motivación política”.
Piñera finalizará sus cuatro años de gestión en marzo de 2022, por lo que Chile transita en una campaña por los comicios presidenciales, legislativos y regionales del próximo 22 de noviembre.
En su primer gobierno, de 2010 a 2014, el gobernante y su familia vendieron una minera a un empresario amigo en 152 millones de dólares, en un pacto efectuado en parte en las Islas Vírgenes Británicas, un escondite fiscal del Caribe.
“Esta es una nueva y grave información que se suma a un sinnúmero de hecho que involucran al presidente Piñera en situaciones reñidas con la ley”, afirmó la chilena Paulina Acevedo, coordinadora de Ciudadanía e Interculturalidad en el (no estatal) Observatorio Ciudadano de Chile.
“Este caso es muy grave por la cuantía y porque Piñera aceptó como condición abstenerse de modificar la normativa de protección ambiental. Estamos ante un conflicto de intereses y un hecho de corrupción o de coacción: Piñera comprometió asuntos de Estado con el empresario que condicionó la compra”, agregó.
El Colegio de Abogados de Panamá rechazó ayer el contenido de Los Papeles de Pandora y cuestionó “el uso de información obtenida ilegalmente”. La investigación involucró en la trama a abogados de Panamá y de otras partes del mundo.
El hallazgo periodístico coincidió con una de las peores crisis económicas del siglo XXI de América Latina y el Caribe, en un proceso agudizado por el coronavirus y que consolidó a la zona como la de mayor desigualdad social del mundo y con una evasión tributaria anual de más de 40 mil millones de dólares, según datos oficiales.
En contraste, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) describió que, de México a Argentina y por golpe indirecto del Covid-19, el número de pobres en la zona pasó de 185.5 millones en 2019 a 230.9 millones en 2020, con un aumento de 45,4 millones en 12 meses entre sus 650 millones de habitantes.
La CEPAL, que integra el sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU), indicó en diciembre pasado que la zona cerró 2020 con una caída del 7.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y que la crisis sanitaria agravará la miseria, el desempleo y la desigualdad.
fuente: el universal
