La nueva Pemex, remodelada en sus apartados de gobierno por dictado de la reforma energética, afronta la semana que viene su primera gran prueba de fuego.
El recién estrenado consejo de administración, con menos presencia del Gobierno en sus filas, debe decidir dónde aplicará el considerable tijeretazo que le ha impuesto el propio ejecutivo mexicano. El hachazo de 4.170 millones de dólares, el 11,5% de su presupuesto, servirá para ponderar la pretendida independencia de la nueva gestión y obligará a hacer malabares para no afectar a la ya de por sí maltrecha política de inversión productiva de la compañía. La abrupta caída del precio del petróleo ha desencadenado una reacción en cadena en las cuentas públicas de México que ha encontrado en la petrolera estatal a su víctima propiciatoria.
Petróleos Mexicanos, rebautizada con la reforma como empresa productiva del Estado, conserva la etiqueta pública pero pierde el monopolio sobre las actividades de exploración y extracción. El núcleo duro del negocio petrolero se abre ahora a las empresas privadas, que durante este año se disputaran en concurso los contratos de cesión de cientos de pozos por explotar. La fuerte dependencia fiscal de México con el crudo, que llegó a representar casi la mitad de los ingresos del Estado, provocó durante años un descuido en la inversión en exploración. Más del 90% está destinada a seguir apurando la rentabilidad de los pozos ya vivos y no a buscar nuevos. «En esta parte Pemex se encuentra más rezagada, sobre todo en la parte financiera”, apunta Alma América Porres de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el órgano encargado de regular el nuevo reparto con el que se pretende revitalizar el sistema a golpe de inversión privada.
“El petróleo fácil se acabó”. Esta fue una de las frases más repetidas por los promotores de la reforma energética en vista del agotamiento de los yacimientos que durante décadas desbordaban oro negro.Cantarell, que alguna vez fue la joya de la corona tras ser descubierto accidentalmente en 1971 por un pescador, llega ahora solo a los 300.000 barriles de crudo diarios. Ku Maloob Zaap, frente a las costas de Campeche, sostiene la producción con 863.000 barriles, y Litoral Tabasco que aporta 333.000.
Durante la última década el bombeo de barriles ha menguando más de un 30%. En los últimos seis años —salvo 2012— la compañía ha registrado pérdidas. El agujero al tercer trimestre de 2014, últimos datos disponibles, era un 50% más grande que el mismo periodo del año anterior y el acumulado del 2014 alcanza los 10.000 millones de dólares. Los motivos del declive están mezclados en un cóctel explosivo: bajada en las exportaciones— en los últimos cuatro años han caído un 27% en gran medida porque tradicionales destinos exportadores como EE UU se han convertido ahora en competidores—; desplome del precio del petróleo; depreciación del peso mexicano y una fortísima presión fiscal —cercana al 70%—, muy por encima de la brasileña Petrobras o la venezolana PDVSA.
En esta lógica de poner distancia entre al gigante petrolero y el Estado, Pemex ha sido dotada de una mayor autonomía presupuestaria y de gestión. Su consejo de administración está ahora compuesto al 50% por representantes del gobierno y consejeros independientes. Ese mismo consejo, donde se sigue sentando el ministro de Energía, tendrá que decidir la semana que viene dónde entrará la tijera para cortar los 4.170 millones de dólares que el Gobierno ha impuesto en el presupuesto de la compañía. Este ajuste del gasto público, del que Pemex deberá asumir más del 50%, ha sido justificado precisamente por la caída del precio del petróleo y la consecuente bajada de ingresos.
Sobre la mesa está además la opción, abierta con la reforma, de que el Estado asuma en forma de deuda pública los 88.000 millones de dólares pesos de pasivo laboral —pensiones y derechos de los trabajadores ya jubilados—, que representa más de la mitad del pasivo total de la compañía. La condición para liberar esta pesada carga de las cuentas es que el poderoso e histórico Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), vinculado al Gobierno hegemónico del PRI durante 70 años y con presencia en el consejo antes del cambio de la reforma, acepte una flexibilización del convenio colectivo. El plazo para el acuerdo vence en agosto. El líder sindical, y también senador Carlos Romero Deschamps, ha permanecido en silencio, pero los términos de la negociaciones se mueven en una ampliación del edad mínima de retiro de 55 a 65 años y una reducción del monto de las jubilaciones, muy superiores a la media de un trabajador en México. La edad promedio entre los 130.000 trabajadores de la petrolera estatal es de 45 años y Pemex estima que en los próximos 10 años unos 40.000 empleados llegarán a la jubilación.
El volumen del recorte parece obligar a ir más allá de un ahorro del gasto corriente
Los expertos consultados coinciden en que la cristalización de un acuerdo con el sindicato se ha convertido en esencial dado el contexto de austeridad presupuestaria que vive la compañía. “Liberaría a Pemex para hacer inversiones y mejoraría su posición para asociarse con empresas extranjeras”, explica Ana Lilia Moreno, investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC). Hasta ahora no se conocen las áreas en las que recaerá el ajuste. De momento, la compañía ya ha anunciado la cancelación de servicios externalizadosque afectan a 15.000 trabajadores. El volumen del recorte parece obligar a ir más allá de un ahorro del gasto corriente y el gran tabú es que la tijera alcance a la ya deteriorada política de inversión productiva.
Dante San Pedro, abogado energético y antiguo funcionario de la Secretaría de Energía, estima que el ajuste podría aplicarse en áreas como logística, refinerías, almacenamiento y gaseoductos, pero también en algunos planes de exploración. “Diversas áreas de Pemex van a tener que priorizar sus proyectos y ver cuales posponen. Las reformas les dan la oportunidad de tener esquemas creativos para tratar de impulsar algunos de estos proyectos con recursos privados y en asociación con empresas”, apunta. “Los recortes necesariamente van a pegar en la parte productiva, lo interesante será el dónde. Esta será la primera prueba para comprobar si realmente Pemex funciona como una empresa”, sostiene Fluvio Ruiz Alarcón, ex consejero independiente de la compañía.
(Fuente El País)
