La Suprema Corte de los Estados Unidos escuchó los argumentos de dos de las compañías armamentísticas demandadas por el gobierno mexicano, la audiencia que decidirá si la acción legal emprendida por México continuará su curso en tribunales menores o si es desechada por falta de méritos.
El caso, presentado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, argumenta que los fabricantes de armas estadounidenses mantienen un sistema de distribución que, activamente, vende sus productos a terceros que trafican las armas hacia México. El gobierno mexicano también alega que las armerías estadounidense publicitan sus productos como herramientas militares para aumentar la demanda de los grupos del crimen organizado al sur de su frontera.
El máximo tribunal estadounidense escuchó los argumentos a razón de una petición de Smith and Wesson, uno de los fabricantes de armas involucrados en la acción legal mexicana, y el distribuidor Interstate Arms luego de que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito anulara la decisión de un tribunal menor de desechar la demanda.
Los fabricantes estadounidenses argumentan que la ley estadounidense los protege bajo el Acta de Protección de Comercio Lícito de Armas. La normativa de 2005 blinda a las armerías estadounidenses de cualquier responsabilidad legal que se pueda generar por el uso de sus productos en un crimen.
Mientras que las compañías armamentísticas señalan que ellos distribuyen su producto de forma legal, y por lo tanto está amparados por la ley, el gobierno mexicano argumenta que la negligencia de las armerías ha provocado daños económicos al país al habilitar la violencia que reduce la actividad económica y aumenta los costos de salud y seguridad.
“Si México está en lo correcto, entonces todas las agencias de la ley estadounidenses han fallado en ver la conspiración criminal más grande de la historia operando justo bajo sus narices. Y también Budweiser es responsable por todos los accidentes causados por los menores bajo los efectos del alcohol, porque sabe que los adolescentes compraran su cerveza, conducirán ebrios y chocarán”, argumentó Noel Francisco, el abogado de los fabricantes de armas.
En opinión del juez Brett Kavanaugh, magistrado con tendencias conservadoras, todas las compañías son conscientes de que sus productos serán utilizados de formas inadecuadas por una porción de sus clientes; sin embargo, eso no suma a la complicidad que el gobierno mexicano implica que existe entre los fabricantes de armas y el crimen organizado mexicano.
Al centro de la argumentación mexicana está el principio de causa próxima, según la cual las acciones de los fabricantes de armas son lo suficientemente cercanos a los daños hechos al gobierno mexicano como para causar acciones legales.
Si bien la representación mexicana tendrá que probar su punto para permitir que la demanda siga su curso, la mayoría conservadora de la Suprema Corte parece inclinarse a favor de la exigencia de las empresas estadounidenses. Más aún, el juez Samuel Alito, apunta que de comprobarse el argumento mexicano esto abriría la puertas a litigios que podrían perjudicar al país.
“Hay estadounidenses que piensan que oficiales del gobierno mexicano contribuyen bastante a conductas ilegales aquí en Estados Unidos. Supongamos que uno de los 50 Estados presente una demanda por ayuda y complicidad de actividades dentro de las fronteras que obligue a la entidad a incurrir en gastos de seguridad, salud y otros costos ¿Estaría dispuesto su cliente a litigar ese caso en cortes estadounidenses?”,preguntó Alito a Catherine Stetson, la abogada que representa a México.
FUENTE: REPORTE INDIGO
