Proveedores de servicios de Internet podrían bloquear contenidos en la red en caso de «situaciones de emergencia o de seguridad nacional previstas en la ley» de acuerdo a una propuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para la gestión de tráfico y administración de red en México.
No solo eso: el documento creará directrices para los concesionarios que presten servicio de acceso a Internet en el país, y entre tantas, se establece que los concesionarios como Telcel, Telmex, AT&T, Movistar, Megacable, Izzi, entre otros, puedan ofrecer «servicios especializados» a creadores de contenidos, apps y otros productos, para que tengan un trato preferencial en tráfico, y así, mayores velocidades de carga y descarga o mejoras de la experiencia de los usuarios para acceder a contenido.
La Red en Defensa por los Derechos Digitales (R3D) señala que el proyecto «le daría el poder a empresas como Telmex o AT&T para elegir ganadores y perdedores en Internet, y es más preocupante cuando advierte que los operadores podrían beneficiar sus propias aplicaciones, contenidos y servicios.
«Se abre la perta a la censura gubernamental» R3D
El tema de bloqueos por motivos de seguridad nacional abriría la puerta a «censura gubernamental» de acuerdo a R3D. Este no es un tema tan alejado de aquel contra el que se han manifestado en el debate de la Ley Olimpia, e involucra la posibilidad de hacer uso de medidas de control sobre contenido en la web de forma discrecional.
Seguridad Nacional es solo uno de los motivos por los que los ISP podrían bloquear contenido en la red; el proyecto que está a consulta pública también establece que las empresas pueden, de forma temporal, degradar, restringir, obstruir o bloquear el acceso total a contenidos en la web si existe un riesgo comprobable a la seguridad de la red, o bien, a la privacidad de los usuarios finales.
Los ISP también deberán hacerlo cuando exista «congestión excepcional o temporal de la red» sin que haya parámetros para definirlo o sin que quede claro quién será el responsable de determinar cuando haya momentos de congestión.
La última vez que se sugirió la posibilidad de bloquear sitios web o servicios de la red fue en la discusión por el paquete económico de 2020, en donde una iniciativa pretendía que el SAT pudiera dar de baja sitios y servicios que no pagaran impuestos. El debate de inmediato sucedió y entre los argumentos del por qué la medida no fue aprobada en Congreso fue que los proveedores no tendrían la capacidad técnica para hacer lo dicho, además de que el mal manejo de la instrucción podría convertirse en una amenaza severa a la libertad de expresión.
Institucionalizando lo que ya existe
Más allá del tema de bloqueos, a R3D le preocupa también el tema de neutralidad de la red. El proyecto en realidad sí contempla establecer pisos parejos, pues supone que si un proveedor ofrece «servicios especializados» a un creador de contenidos o apps en internet (para que aumente sus velocidades de acceso) debe ofrecerlos a todos. No existe la posibilidad de que haya «convenios exclusivos».
El tema es que el documento también prevé la posibilidad de que un ISP ofrezca sus propios servicios y aplicaciones. Las facilidades que utilice una empresa para ofrecer sus contenidos debería brindarlas a terceros, pero siempre a cambio de una contraprestación. Es precisamente este punto el que podría provocar una competencia desleal donde los gigantes ISP pueden obtener ventaja respecto a emprendedores de servicios, contenidos y apps en la web.
En realidad, ISP ya favorecen tráfico hacia servicios. Lo vemos normalizado cuando paquetes de postpago o prepago en telefonía móvil ofrecen acceso «ilimitado» a ciertos servicios y aplicaciones, pero esta sería una forma de institucionalizarlo, y de paso, se corre el riesgo de favorecer indebidamente a los ISP que quieren diversificar sus negocios ingresando a segmentos de servicios, apps y producción de contenidos.
El problema es que la neutralidad de la red es comprendida en el documento por el IFT como la posibilidad de que todos los productores puedan adquirir beneficios para incrementar sus velocidades de carga y descarga, pero deja de lado el hecho de que esa medida puede afectar de forma directa a los pequeños productores que deberán quedarse con velocidades de carga y descarga promedio, por falta de recursos para contratar los servicios especializados de los ISP.
R3D no ha pasado por alto que el IFT no establece mecanismos para detectar y sancionar violaciones a la neutralidad de la red, de manera que ha hecho un llamado a usuarios, organizaciones, pequeñas empresas que ofrecen servicios en internet, desarrolladores, entre otros, a manifestarse en contra del documento. El IFT de hecho ha abierto la vía para ello, pues el documento está en consulta pública.
Ello quiere decir que, en este caso, hasta el 6 de marzo el IFT recibirá comentarios y opiniones sobre el documento. Todos los comentarios hechos a través del formato que disponen serán hechos públicos antes de que el IFT decida aprobar el documento. Los formatos pueden entregarse en oficinas del IFT en CDMX o bien mandarse a gestiondetrafico@ift.org.mx.
