En medio de las acusaciones del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) que ubica al Congreso del Estado de Quintana Roo como uno de los más caros a nivel nacional, con un gasto por legislador por arriba incluso de la Cámara de Diputados federal, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que el ausentismo en este poder ha incrementado notablemente, de 8.67% a un 19.4%.
Un análisis del Imco, lanzado a nivel nacional, evidenció los excesos de la XV Legislatura, cuyo presupuesto fue incrementado arbitrariamente hasta la dispendiosa suma de 435 millones de pesos, lo que ha vuelto a este congreso como uno de los siete más onerosos en todo México.
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Lo que es más, un 66% de este fastuoso presupuesto, equivalente a 287 millones de pesos, va a servicios personales, es decir, salarios, viáticos, vales de gasolina, y otros gastos similares.
Al tomar en cuenta que son 25 los diputados, se tiene que cada legislador recibe en promedio 11.5 millones de pesos anuales para sus gastos personales. Esto equivale a un ingreso diario de 31 mil 526 pesos para cada uno de los 25 legisladores.
Como señala el estudio, a cada quintanarroense le cuesta 261 pesos de impuestos mantener al Poder Legislativo y su excesiva nómina de 444 personas, más asesores, varios de los cuales cobran incluso más que los propios legisladores.
En este marco, el Observatorio Legislativo denunció que en el segundo período ordinario de sesiones de la XV Legislatura, se disparó el ausentismo, pues de 78 faltas en 36 sesiones que se observaron en el primer período (lo cual representa un 8.67% de inasistencias), pasaron a 160 faltas en 33 sesiones (que equivalen a 19.4%), dentro de lo cual el más faltista fue Alberto Vado con 16 ausencias.
Asimismo, reiteraron también que persiste la discrecionalidad en el gasto social, pues en el primer trimestre del año se ejercieron 19 millones de pesos, mientras que en difusión se gastaron casi 3.9 millones de pesos en los meses de febrero y marzo, cantidad que casi equivale al presupuesto de 16 secretarías o entidades gubernamentales del estado.
PELIGRO A LA VISTA
Por otro lado, urgieron a los diputados a crear la ley estatal derivada de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, cuyo plazo vence el 28 de noviembre próximo, ya que de lo contrario se pondría en riesgo la inversión, dentro de lo cual los sectores inmobiliario y de la construcción serían los más afectados.
Pese al plazo fatal, hasta el momento el tema no ha sido incluido en la agenda legislativa ni se ha convocado a una reunión de trabajo o comisión municipal para conocer las opiniones de sectores y colegios.
En conferencia de prensa, indicaron que el incumplimiento de este ordenamiento constitucional pararía todo, lo cual generaría un fuerte problema al no dar certidumbre a la inversión, además de que el hecho de que el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio de Benito Juárez esté en “stand by”, podría dar la pauta para que la nueva ley se empate con la resolución del juez, que se estima tardaría entre seis y nueve meses en salir.
FUENTE: QUEQUI
