Redacción Macronews.- La madrugada del 15 de octubre de 2025, la Cámara de Diputados avaló con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones la reforma a la Ley de Amparo, incluyendo una nueva redacción del artículo tercero transitorio, y turnó el proyecto de decreto al Senado para su revisión final. Con esta acción, el gobierno pretende poner fin a prácticas judiciales abusivas empleadas por personas con recursos para prolongar litigios fiscales o eludir responsabilidades.
La reforma se presenta como una respuesta al uso excesivo del juicio de amparo por parte de grandes empresarios, entre ellos Ricardo Salinas, que habrían recurrido a este mecanismo para suspender obligaciones fiscales durante décadas. Según el diputado Hugo Éric Flores (Morena), los procesos iniciados seguirán bajo las normas vigentes al inicio del juicio, mientras que las etapas futuras se regularán conforme a las nuevas disposiciones.
Uno de los puntos críticos de debate fue la retroactividad de la ley. Originalmente, el texto senatorial planteaba que la reforma se aplicaría íntegramente a juicios ya en curso, lo cual provocó fuertes críticas por posible violación de derechos adquiridos. Durante la discusión en San Lázaro, se ajustó el transitorio para que lo realizado quede bajo la ley anterior, y solo las actuaciones futuras dependerán del nuevo ordenamiento.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, declaró que “no habrá retroactividad en perjuicio de persona alguna” y defendió que el dictamen conserva la protección constitucional del amparo. Por su parte, la oposición denunció que la reforma introduce “retroactividad disfrazada” y podría vulnerar garantías fundamentales.
La iniciativa incorpora también cambios procesales: plazos más claros para la emisión de sentencias, una regulación del interés legítimo —que ahora exige que la lesión jurídica reclamada sea real, directa y diferenciada—, y criterios más estrictos para conceder suspensiones en juicios fiscales. En el ámbito fiscal, algunos créditos firmes podrían quedar fuera del amparo si se encuentran ya determinados o con prescripción declarada.
La Presidencia de la República respaldó la reforma, insistiendo en que elimina privilegios y fortalece la justicia para todos los ciudadanos. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el texto aprobado respeta jurisprudencia de la Suprema Corte y salvaguarda los principios del amparo sin aplicar retroactividad perjudicial.
Con esta reforma, el Estado pretende recuperar recursos fiscales retenidos en litigios prolongados y agilizar los procesos judiciales. La votación en San Lázaro, realizada en horas de alta tensión legislativa, culminó cerca de las 3:40 de la mañana tras modificaciones de último momento.
