Después de un debate de ocho horas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma presidencial para regular el outsourcing o subcontratación y fue enviada al Senado para su análisis y aprobación.
Después de desahogar las 38 reservas o propuestas de modificación, que presentaron distintos grupos parlamentarios, y que todas fueron rechazadas, se votó en lo particular.
En esta votación en lo particular fueron 284 votos a favor; 108 en contra, principalmente del PAN, y 17 abstenciones.
Entre las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal y de la Ley del ISR, especifica que solamente se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público.
De último momento, el presidente de la Comisión del Trabajo, Manuel Baldenebro, propuso la adhesión de cuatro artículos para prohibir la subcontratación de personal en beneficio del gobierno Federal en sus dependencias; y establece que se permitirá únicamente el outsourcing en servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público.
En el debate de este dictamen, surgió una queja del PAN debido a que los integrantes de la iniciativa privada van a tener tres meses para regularizar a todos sus trabajadores con base al interior de sus empresas; sin embargo, el gobierno Federal tendrá hasta el primer día de enero del 2022 para incluir a sus empleados en sus nóminas; y lo erogado será con cargo al presupuesto aprobado de cada dependencia federal.
“Debemos de darle leyes a las empresas, no obstáculos, esta iniciativa, para aquellos compañeros que no la leyeron, y que por cierto, no han dicho que se le está dando un trato desigual a la IP, que al sector público. Al sector empresarial le dan tres meses para regularizarse y migrar al nuevo sistema y que en el sector público se les está dando un año, por qué esas diferencias. Tenemos que ser cuidadosos con los 4.5 millones de empleados que están bajo este esquema y que desafortunadamente al no tener otra alternativa van a caer en la informalidad”, dijo Carlos Valenzuela (PAN).
En este dictamen se establece un monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.
FUENTE. El Universal
