Después de una exposición de motivos, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la pregunta que a las 11:00 horas entregará la solicitud al Senado de la República para que se realice la consulta popular contra los cinco últimos expresidentes.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a la leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus perspectivas gestiones?”
En Palacio Nacional, el Ejecutivo federal expuso los motivos para presentar esta solicitud de consulta contra los expresidentes.
A Carlos Salinas de Gortari lo acusó de que en su sexenio (1988-1994) la desigualdad en México se profundizó y señaló que en esta administración se entregó a particulares nacionales y extranjeros, la cantidad “sin precedentes” de bienes públicos.
“Un dato, en julio de 1988 cuando Salinas fue impuesto por un fraude, en la lista de la revista Forbes, en la cual figuran las personas más ricas del mundo solo aparecía una familia mexicana, la de la Garza Sada con 2 mil millones de dólares, pero al finalizar aquel sexenio ya estaba incorporados a ese listado otros 24 mexicanos, casi todos ellos habían sido beneficiados con empresas minas y bancos que antes eran propiedad de los mexicanos”.
A Ernesto Zedillo (1994-2000), el presidente López Obrador lo acusó de continuar con las políticas privatizadoras de su antecesor “y las llevó hasta sus últimas consecuencias” en el caso del Fobraproa en donde la deuda pública se terminará de saldar hasta el año 2070.
Mientras que en el caso de Vicente Fox (2000-2006), López Obrador lo señaló de intervenir en la elección de 2006 en favor de Felipe Calderón e impedir el triunfo de la oposición que él encabezaba.
“Tal intromisión no solo fue reconocida en el fallo con el que Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) legalizó el turbio proceso electoral de 2006, sino que el propio Fox quien al año siguiente en una entrevista con Telemundo admitió “que era importarte detener a López Obrador”.
El presidente señaló que en el caso del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) embaucó al país en una estrategia militar para combatir al narcotráfico, pero, indicó, se exacerbó la violencia y se multiplicó las zonas del territorio nacional bajo el control de la delincuencia.
“Lo más grave, colabores suyos le señalaron los indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna era cómplice de una de las facciones del narcotráfico pero el gobernante no hizo absolutamente nada”.
“A la luz de la detención y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón solo puede explicarse como fruto de una extrema irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada”.
En el sexenio de su antecesor Enrique Peña Nieto (2012-2018), el presidente acusó que en la campaña del entonces candidato del PRI las elecciones de 2012 hubo grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida y lo cual no tuvo consecuencias legales para que se anulará la elección.
“Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht”.
“Por otra parte, los señalamientos de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Enrique Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos de la aprobación de la Reforma Energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes de Agro Nitrogenados operación que causo al erario un quebranto superior a 200 millones de dólares”.
FUENTE: EL Universal
