La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a la Cámara de Senadores que revise la Ley de ingresos aprobada este miércoles por los diputados, debido a que no se tomaron en cuenta los planteamientos de la iniciativa privada.
“Si bien hay puntos positivos en lo aprobado, no se han atendido todos los planteamientos del sector privado. Seguiremos aportando nuestras ideas en esta segunda etapa que se abre en el Senado”, mencionó el CCE que preside Carlos Salazar Lomelín.
“En el CCE estamos atentos al proceso legislativo de la Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos. Hemos estado en diálogo con los Diputados y en diversos foros”, expuso.
Este miércoles, con 274 votos a favor y 116 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio fiscal del 2021 en la sesión que dio inició el 19 de octubre y concluyó hoy.
Ahora corresponderá a la Cámara de Senadores revisarla, y en su caso modificarla, por lo que el CCE buscará aportar sus propuestas para que sean consideradas en el Paquete Económico, según su cuenta de Twitter.
Mientras que la Coparmex pidió a la Cámara de Senadores que revise la Ley de ingresos aprobada por los diputados.
“En la Coparmex hacemos un llamado a los senadores para que ejerzan correcta y profesionalmente la función constitucional que como Cámara revisora tienen, y de forma efectiva, revisen el trabajo realizado por los diputados federales”, mencionó el organismo un comunicado.
“Lamentamos que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no se hayan atendido todas las propuestas planteadas por el sector empresarial, tanto en el Parlamento Abierto, como en los documentos entregados al Poder Legislativo”, expuso la Confederación.
Manifestó que es criticable que el bloqueo digital propuesto por el Ejecutivo Federal como mecanismo de control para efectos de la Ley del IVA, se haya hecho extensivo a la Ley del ISR, ya que desde la propuesta original se perjudica no sólo a los prestadores de servicios digitales, sino a los usuarios.
Por otra parte, lamentó que se haya confirmado la política de criminalización de contribuyentes con medidas que parten de la base de presumir que todos los contribuyentes cometen actos ilícitos.
En este sentido, se refirió a la cláusula anti-elusión que fue aprobada tal cual la propuso el Gobierno federal, esto es, aclarando que puede tener efectos penales.
“De la misma forma sucedió con las propuestas en materia de desistimiento de solicitudes de devolución, en caso de que el contribuyente o su domicilio no estén localizados, con lo que se establecen más obstáculos para la procedencia de las devoluciones de los contribuyentes”, agregó la Coparmex.
El organismo refirió que algo similar sucedió con la cancelación del certificado de sello digital.
Detalló que la propuesta presidencial no sufrió ningún cambio para, por ejemplo, señalar que esto solo aplique en los casos que exista sentencia firme, confirmando las presunciones con que son acusados los contribuyentes a que se refieren los artículos 69 B y 69 B Bis.
Respecto al aseguramiento precautorio a terceros y el uso de herramientas tecnológicas en auditorías, si bien se establecieron algunos parámetros para su utilización, se sigue dejando en manos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fijar las reglas para su operación.
Coparmex consideró que eso viola el principio de legalidad, ya que ambos actos implican una afectación a los derechos de propiedad de terceros y a la inviolabilidad del domicilio.
No obstante, la Confederación reconoció el trabajo realizado en la atención de algunas de las preocupaciones externadas por el sector empresarial.
Por ejemplo, que en los cambios aprobados en materia de ISR se haya establecido un plazo para que las personas morales que realizan actividades de fomento a la educación, ciencia, medio ambiente, entre otras, cumplan con el requisito de contar con la autorización para ser donatarias autorizadas.
“En el caso del IEPS, reconocemos que no se haya aprobado el impuesto adicional, disfrazado de cuotas complementarias, propuesto por el Presidente de la República para los combustibles automotrices cuando el precio del crudo y sus derivados sea bajo”, indicó.
“En la Coparmex consideramos que con dichas cuotas, contrario a lo sostenido por el Gobierno federal, se hubiera establecido el cobro de una sobretasa o cuota adicional, misma que no permitiría que la gasolina o diésel bajaran de precio”, concluyó el organismo.
FUENTE: El Financiero
