Diputados aseguran que brindar la facultad para determinar tarifas al Imoveqroo afectará directamente en la recaudación de los municipios.
TREN MAYA
Luego de ceder al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) la facultad de determinar las tarifas para la expedición de licencias de conducir, tres de los 21 legisladores que asistieron a la sesión en el Congreso local se han pronunciado en contra de esta reforma a la Ley de Movilidad al encontrarla como una amenaza para las finanzas de los gobiernos municipales.
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Uno de ellos fue el diputado Julían Ricalde del partido Fuerza México, quien señaló que la aprobación de esta reforma a la Ley de Movilidad Local, impediría a los municipios participar en toma de decisiones en cuanto al proceso recaudatorio de las licencias, ya que solo la Junta de Gobierno del Imoveqroo será la autoridad encargada de ello.
“Cuando se nos platicó este asunto se dijo que era por un tema de seguridad, pero el problema es que en lo conducente a los municipios se tendrá voz, pero sin voto porque no pertenecen a la Junta de Gobierno.
Reveló que cuenta con el convenio que se firmaría entre el Ayuntamiento de Isla Mujeres y la dependencia de Movilidad, en donde destacó que más allá de un beneficio impactaría negativamente a las finanzas de cada municipio.
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“Ni siquiera el ayuntamiento en uso de sus facultades del artículo 115 constitucional va a poder determinar las tarifas, hay lugares donde las vialidades todas absolutamente son municipales, no son estatales. Por supuesto que hay un impacto a las finanzas, vivimos en un país con un federalismo invertido donde la federación tiene más acceso a los recursos, luego el estado y luego los municipios”.
Recordó que de acuerdo a la última reforma, el Ayuntamiento será el responsable de asignar instalaciones y personal para la expedición de licencias, mientras que el Imoveqroo será el encargado de supervisar y recaudar los ingresos para devolver solo un porcentaje a los municipios.
“Vamos a empezar a quitarle dinero al gobierno municipal como ya ha venido en otras administraciones, haciéndose compatibilidades, cobros de derechos compartidos, impuestos que se retienen y se les entrega al estado”.
Por otro lado, la diputada Cinthya Millán Estrella del PAN fue otra de las que votaron en contra de esta reforma, pues asegura que brindar la total facultad de determinar las tarifas y cobros a partir de un convenio dificultará atender las necesidades a las que se enfrenta cada municipio.
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“Evidentemente, el mantener ahora un convenio, será al porcentaje que ellos quieran y no será de acuerdo a las necesidades que se tienen, que son, como todos lo sabemos muchísimas en todos los municipios”.
Coincidió en que esta decisión ocasionará un impacto económico en los municipios que, debido a sus características, no todos podrán solventar, por lo que
“Representa un impacto mayor a las arcas municipales porque finalmente habrá municipios que puedan soportar este impacto derivado de otros derechos como el tema de saneamiento que les aporta, pues recursos importantes, pero hay municipios en los que esto sí representa una afectación mayor”.
Por otro lado, Elda Candelaría Ayuso, del PRI, recordó que dentro de las responsabilidades del Imoveqroo no debe ser considerado como un ente recaudatorio, sino como uno normativo.
“Este dictamen afecta la autonomía municipal y la Ley General Suprema que es la Constitución de nuestro país y el artículo 115 que es el que debe prevalecer, siempre los municipios ya tienen su planeación que no puede estar por convenio, las licencias pueden ser el principio de un golpe muy grave a las finanzas de los municipios y el instituto de movilidad debe ser normativo más no recaudatorio”.
Ante las acusaciones, se le cuestionó al director del Imoveqroo, Rodrigo Alcazar Urrutia, quien se mantuvo al margen de sus declaraciones, asegurando que desconocía las declaraciones de los diputados.
FUENTE: LA VERDAD NOTICIAS
