Alistan audiencia penal contra directivo de Aguakan en Quintana Roo
El directivo está acusado de falsedad de declaraciones en el juicio contra el gobierno de Quintana Roo, por la cancelación del contrato de su suministro de agua potable en cuatro municipios del norte de la entidad.
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El próximo 6 de febrero se realizará la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso contra Paul Andrew Rangel Merkley, director de Aguakan.
El directivo está acusado de falsedad de declaraciones en el juicio contra el gobierno de Quintana Roo, por la cancelación del contrato de su suministro de agua potable en cuatro municipios del norte de la entidad.
Dichas declaraciones de Rangel Merkley habrían sido clave en en juicio de amparo promovido por Aguakan para seguir prestando el servicio pese al término de su contrato.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República por el equipo jurídico del gobierno estatal.
Del resultado de esta audiencia del 6 de febrero, se sabrá si su carpeta de investigación se judicializa y se le decreta prisión preventiva justificada.
Antecedente
El juicio penal contra el directivo de Aguakan se origina en enero de 2024, esta empresa logró la suspensión definitiva del decreto 195 aprobado por el Congreso de Quintana Roo que había cancelado en diciembre de 2023 el contrato de suministro de agua potable y alcantarillado que Aguakan posee desde 1990.
Es decir, con esta medida cautelar dictada por el Juzgado Octavo de Distrito, la concesionaria ha podido seguir prestando sus servicios en Benito Juárez (Cancún); Solidaridad (Playa del Carmen), Puerto Morelos e Isla Mujeres, hasta que el juicio se resuelva de fondo.
El decreto 195 aprobado por el Congreso de Quintana Roo establece que el contrato de agua potable otorgado a Aguakan en 1990 expiró el 31 de diciembre de 2023, anulando con ello un decreto previo de 2014 , año en el que el entonces gobernador Roberto Borge —hoy preso— concedió una ampliación anticipada de la concesión hasta 2053.
La concesionaria impugnó ese decreto y logró que le fuera concedida una suspensión provisional, la cual fue ratificada como definitiva el 22 de enero de 2024.
El gobierno de Quintana Roo interpuso una impugnación contra la medida provisional, argumentando que el contrato ampliado por el exgobernador Borge en 2014 estuvo viciado de origen.
Al no prosperar esta impugnación, el gobierno de Quintana Roo interpuso una denuncia contra Aguakan ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto fraude procesal, pues en el juicio de amparo la empresa habría incurrido en argumentos falsos para abonar a su causa.
Uno de esos argumentos es que la empresa acusa al Congreso de no estar facultado para derogar un contrato que fue autorizado por el gobierno del estado y los municipios, pero la contraparte asegura que eso es falso pues la ley de municipios prevé que cuando una concesión excede el tiempo en funciones de una administración municipal, el Poder Legislativo debe autorizar un nuevo permiso mediante una licitación, lo cual no sucedió, pues nunca se licitó la ampliación del servicio, aun y cuando la concesión se amplió no sólo temporalmente, sino territorialmente hacia los municipios de Solidaridad y Puerto Morelos.
El decreto que anuló la concesión de Aguakán se basa también en los resultados que arrojó la consulta pública realizada el 5 de junio de 2021, en la que más de 35% del padrón electoral de los municipios involucrados votó a favor de rescindir el contrato de concesión.
Dicho ejercicio consultó a la ciudadanía:“¿Está usted de acuerdo que, la empresa Aguakan continúe prestando el servicio concesionado de agua potable, alcantarillado y saneamiento?”.
En Benito Juárez el “Sí” obtuvo 69,893 votos, mientras que el “No” alcanzó 157,759 votos, es decir, más del doble no quiere la continuidad de la empresa. El porcentaje de participación fue de 36.79 por ciento.
En Isla Mujeres, los resultados fueron: “Sí” 3,806; “No” 5,880, con un porcentaje de participación de 44.96 por ciento.
En Puerto Morelos, el “Sí” obtuvo 3,647 votos y el “No” 5,947; con una participación de 44.96 por ciento.
En Solidaridad, los resultados fueron: Sí” con 11,269 votos, el “No” con 51,417, y una participación de 28.02 por ciento. Es el único municipio donde la votación alcanzada no permite que la consulta sea vinculante.
FUENTE: EL ECONOMISTA
