Luego de 257 revisiones a un total de 101 entidades fiscalizadas, la Auditoria Superior del Estado (ASEQRoo) detectó inconsistencias por un monto de 213 millones 642 mil 843 pesos en varios ayuntamientos -entre ellos el de Benito Juárez y Solidaridad- así como en varias de sus direcciones y también en universidades, los cuales disponen de 30 días para atender las observaciones realizadas a sus cuentas públicas.
Durante su comparecencia ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Décimo Octava Legislatura para entregar el tercer informe sobre las cuentas públicas 2023, el titular de la ASEQRoo, Miguel Zogby Cheluja Martínez, aclaró que las inconsistencias encontradas fueron por un monto de 227 millones 894 mil 662.99 pesos pero que ya se solventaron 14 millones 251 mil 819 pesos, quedando pendiente por aclarar el destino o aplicación de 213 millones 642 mil 843.22 pesos.
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En el caso de las instituciones de educación superior, el informe reportó que la Universidad Intercultural Maya tiene observaciones por 11 millones 400 mil pesos; la Universidad Politécnica de Quintana Roo, por 9 millones 600 mil; la Universidad Tecnológica de Cancún, 568 mil pesos. Asimismo, la cuenta pública 2023 del ayuntamiento de Benito Juárez registró observaciones por 9 millones 280 mil pesos y la de Solidaridad por la cantidad de 174 millones de pesos.
La Fundación de Parques y Museos de Cozumel; cinco mil pesos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos; 156 mil pesos, para el caso del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto; tres millones 71 mil, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana; el instituto Municipal de Cultura y la Artes de Solidaridad, 493 mil; y tres millones 300 mil pesos, por parte el Instituto Electoral de Quintana Roo.
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Cheluja Martínez explicó que, a partir del 18 de febrero, una vez que se hayan hecho las notificaciones correspondientes, los entes observados disponen de un plazo no mayor a 30 días para aclarar dichas cantidades y después habrá otro periodo de hasta 120 días para analizar las solventaciones, de ser el caso.
De lo contrario, será informado de nueva cuenta al Congreso del Estado, y turnados los casos a los Órganos Internos de Control de cada ayuntamiento, a la contraloría estatal, los tribunales de justicia, y las mismas fiscalías, que se encargarán de agotar los recursos legales y sancionadores necesarios, tal y como establece el proceso.
FUENTE: NOTICARIBE
