Después que los legisladores del Estado aprobaran la reforma al Código Penal de Quintana Roo para establecer que el delito de extorsión sea perseguido de oficio por las autoridades competentes, el sector náutico pidió apoyo para incrementar la vigilancia en las playas, ante nuevos casos de cobro del derecho de piso registrados en Cancún, una situación que había disminuido, pero está resurgiendo, según el presidente de la agrupación, Francisco Fernández Millán.
Detalló que se sumaron a la Mesa de Seguridad y Justicia, donde solicitaron apoyo y extendieron la invitación para integrarse a las cámaras de seguridad.
Comentó que hace un año, estas situaciones se habían detenido en las marinas; sin embargo, ante los nuevos casos registrados, buscan nuevamente parar la situación.
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Por su parte, James Tobin Cunningham, miembro ciudadano del Consejo de Seguridad Pública de Quintana Roo y de la Mesa de Seguridad y Justicia del Estado, consideró que el mayor reto del Gobierno entrante en materia de seguridad será abatir la extorsión y el cobro del “derecho de piso”.
La encuesta más reciente de Seguridad Nacional Pública Urbana (ENSU) revela que en Cancún el 56.5 por ciento de la población que tuvo contacto con autoridades de Seguridad Pública experimentó algún acto de corrupción. Además, el 24.1 por ciento de los hogares cancunenses declaró haber sido víctima de algún delito, como robo o extorsión.
Con la reforma al Artículo 163 y la adición de un último párrafo al Artículo 124, se pretende garantizar la protección de las víctimas de este delito, disuadir a los delincuentes y fortalecer el Estado de Derecho en la Entidad.
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En el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, aprobado por el Pleno del Congreso, se señala que exigir la presentación de querellas para perseguir este delito generaba temor en las víctimas, quienes podían ser amenazadas para no presentar este requisito en el proceso de las investigaciones.
Esta situación limitaba la capacidad de las autoridades para abordar eficazmente el problema y brindar protección a quienes más lo necesitan.
Por ello, se determinó avalar esta modificación al Código Penal para que la autoridad competente pueda actuar con mayor efectividad en las investigaciones relacionadas con el delito de extorsión, eliminando la necesidad de que la víctima presente una querella para perseguir este delito.
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