Los propietarios de los terrenos tienen que presentar nuevas Manifestaciones de Impacto Ambiental.
Los consorcios y particulares, propietarios de los terrenos del Malecón Tajamar, tienen que presentar nuevas Manifestaciones de Impacto Ambiental, de acuerdo con Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego del desmonte y los trabajos de chapeo realizados en la zona; en tanto que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), tiene nueve días para cumplir con el emplazamiento a transferir y rescatar especies de iguanas y cocodrilos.
Hace unos días, por medio de un comunicado, el gobierno estatal señaló que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), expidió la Manifestación de Impacto Ambiental a favor del desarrollador del Malecón Tajamar, y que el documento está vigente, por lo que se pueden llevar a cabo las obras deconstrucción de los proyectos inmobiliarios.
Como se informó ayer, el consorcio italiano Bi & Di, propietario de nueve hectáreas, realizó afectaciones a la vegetación en siete hectáreas, por lo que según la Profepa, es la única que violó la legislación ambiental y las condicionantes, las cuales no ha cumplido hasta la fecha.
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Guillermo Haro dijo en conferencia de prensa que a la empresa italiana se le impuso una sanción de 50 mil salarios mínimos (3.5 millones de pesos, aproximadamente).
“La empresa Bi & Di está sujeta a procedimiento desde agosto de 2015, pues no ha dado cumplimiento a ninguna de las medidas impuestas, puede ser clausura total y definitiva de los 10 de los 52 lotes en las siete hectáreas afectadas”, subrayó.
De las 70 hectáreas que ocupa Malecón Tajamar, 58 son susceptibles a desarrollo, de las cuales, 44 lotes han sido comercializados con uso de suelo habitacional, condominal, comercial y hotelero para dos mil 500 unidades de alojamientos, así como un malecón; el resto de los predios son áreas verdes y hay dos disponibles para venta.
Fonatur y Bi & Di
La relación entre Fonatur y la empresa citada viene desde 2005, Bi & Di le compró a la dependencia cinco lotes en “La Herradura”, colindantes con playa Delfines, mismos que no tenían la densidad requerida para el desarrollo proyectado.
Ante el incumplimiento de Fonatur, el consorcio italiano demandó por la vía ordinaria civil la Declaratoria Judicial de Inexistencia y (o) Nulidad Absoluta de los contratos de compra venta de los cinco lotes, la cual fue radicada en el Juzgado Sexagésimo de lo Civil en la Ciudad de México, en el expediente número 1312/2009.
Este juzgado ordenó a Fonatur en sentencia definitiva, pagar a Bi & Di 431 millones 600 mil 415 pesos.
La dependencia federal se inconformó con la resolución y la impugnó en segunda Instancia ante la Séptima Sala civil del Tribunal Superior del Distrito Federal, la cual en mayo de 2012 confirmó la sentencia del Juzgado Sexagésimo.
Permuta de terrenos
Ante la imposibilidad de poder pagar, Fonatur optó por ofertar la permuta de dichos terrenos en “La Herrradura”, con hectáreas en Malecón Tajamar.
En mayo de 2015, la empresa presentó a Fonatur los subproyectos de obra, mismos que fuerondictaminados favorablemente el 8 de junio, tres días después ingresó a Semarnat documentación similar que hasta la fecha no ha sido validada por la dependencia; sin embargo, a finales de agosto de 2015, Bi & Di realizó obras de “desmonte y chapeo”, las cuales fueron suspendidas ante la movilización y protestas ciudadanas por lo que consideraron un ecocidio.
Alrededor de cuatro mil ciudadanos presentaron una denuncia con sus firmas ante la Profepa, en contra de las 31 hectáreas de mangle devastadas en el Malecón Tajamar, asegurando la existencia de especies en peligro de extinción incluidas en la norma oficial mexicana NOM-059 de la Semarnat, entre ellas, la rana leopardo, la iguana rayada, el cocodrilo Moreletti y diversas aves.
El 12 de agosto del año pasado, las obras que la empresa Bi & Di Real Estate de México realizaba en 10 predios del Malecón, fueron suspendidas en su totalidad de manera temporal, por no contar con la autorización de la Semarnat para la remoción de vegetación, y por ello también enfrenta una demanda civil del Fonatur.
En agosto de 2015 se interpuso la demanda civil por incumplimiento a la cláusula séptima del convenio, que corresponde a la remoción de vegetación, sin la validación de la Semarnat, aun cuando estaban informados”, dijo Héctor Gómez Barraza, director general del Fonatur en esa fecha.
