CANCÚN, Q. Roo.- Las obras que la empresa Bi & DI Real Estate de México realizaba en 10 predios del Malecón Tajamar fueron suspendidas en su totalidad de manera temporal por no contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la remoción de vegetación, y por ello también enfrenta una demanda civil del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
“El lunes pasado se interpuso la demanda civil por incumplimiento a la cláusula séptima del convenio, que corresponde a la remoción de vegetación, sin la validación de la Semarnat, aun cuando estaban informados”, dijo Héctor Gómez Barraza, director general del Fonatur, durante una conferencia de prensa.
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De las 70 hectáreas que ocupa Malecón Tajamar, 58 son susceptibles a desarrollo, de las cuales, 44 lotes han sido comercializados con uso de suelo habitacional, condominal, comercial y hotelero para dos mil 500 unidades de alojamientos, así como un malecón; el resto de los predios son áreas verdes y hay dos disponibles para venta.
La relación entre Fonatur y la empresa citada viene de hace años cuando esta le compró a la dependencia cinco lotes colindantes con playa Delfines, mismos que no tenía la densidad requerida para el desarrollo contemplado, por lo que realizaron la permuta con otros en Malecón Tajamar.
En mayo pasado la empresa presentó a Fonatur los subproyectos de obra que fueron dictaminados favorablemente el 8 de junio, tres días después ingresó a Semarnat documentación similar que hasta la fecha no ha sido validada por la dependencia, sin embargo, a finales del mes pasado comenzaron la obras de limpieza.
Dichas acciones motivaron manifestaciones ciudadanas y desde el 29 de julio al pasado 11 de agosto; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recibió 215 denuncias populares, que incluyen cuatro mil 333 firmas del movimiento “Salvemos el Manglar de Tajamar”, explicó Gómez Barraza.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) el 31 de julio interpuso un amparo porque se omitió la presencia de manglar, una especie protegida; también hay un amparo colectivo de habitantes de Cancún por la misma situación.
Inspeccionan predios en Tajamar
Por ello Profepa realizó, del 29 de julio al 5 de agosto, 11 visitas de inspección a 10 lotes en cuatro manzanas, de las cuales 10 revisiones fueron en materia de cambio de uso de suelo y una por impacto ambiental. La superficie visitada fue de 8.98 hectáreas de las que 6.9 presentan afectación, dijo Guillermo Haro Bélchez, procurador federal de Protección al Ambiente, quien también estuvo en la conferencia junto con el gobernador Roberto Borge Angulo.
Durante los trabajos la empresa solo mostró copia simple de las autorizaciones pero faltaron originales o copias certificadas de diversos documentos.
Por ello Profepa determinó la suspensión de actividades y obras de cambio de uso suelo en 10 lotes del Malecón, de los cuales cuatro están en la manzana cinco; uno en la manzana tres; tres en la manzana ocho; y dos en la manzana 11.
Con la medida adicional fueron ordenadas acciones técnicas correctivas a cumplir en un plazo de 15 días hábiles, que vencen el próximo 3 de septiembre.
“Las posibles sanciones a la empresa podrían ser multas de 100 a 20 mil días de salario mínimo, que corresponden a un millón 402 mil pesos de forma individual y generalizada son cuatro millones 206 mil pesos”, puntualizó Haro Bélchez.
Las autoridades federales se comprometieron a inspeccionar en materia de cambio de uso de suelo e impacto ambiental, el total de los lotes de todo el proyecto.
En el bulevar Luis Donaldo Colosio, afuera del hotel, donde las autoridades dieron la conferencia de prensa del tema citado; ciudadanos que se oponen al “ecocidio” mostraron lonas y carteles de su postura en contra de las obras; asimismo mantienen una guardia en el Malecón Tajamar, donde hay una lona que dice “Clausurado”.
“Nos iremos a instancias internacionales para que cancelen la obra, no que la suspendan”, comentó Gerardo Solís Barreto, uno de los ciudadanos manifestantes.
El titular de Fonatur puntualizó que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que otorgaron con la venta de los predios vence hasta febrero de 2016, luego de su ampliación en 2009.
(FUENTE: SIPSE)
