CANCÚN, Q. ROO.- La alcaldesa María Elena Hermelinda Lezama Espinosa encabeza entre los municipios quintanarroenses las recomendaciones incumplidas de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), pese a que se constataron violaciones flagrantes a los protocolos y la actuación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Los actos denunciados que la autoridad municipal se niega a obedecer a son porque los agentes incurrieron en conductas contra los derechos humanos, la integridad personal, en su modalidad de trato cruel, inhumano y/o degradante; a la seguridad jurídica, desde la perspectiva de la legalidad y al acceso a la justicia en la modalidad de dilación a la procuración de justicia; a la libertad personal, por prácticas de detención arbitraria, y a la integridad de las víctimas por actos de tortura.
Los llamados a la administración morenista son para que instruya a la policía municipal a reconocer la responsabilidad de sus agentes y se disculpe públicamente, se aplique sanción a los responsables, se contribuya a erradicar esas prácticas, se llegue a la verdad histórica de los hechos y, sobre todo, se restablezca la dignidad de las víctimas.
A pesar de que las recomendaciones fueron turnadas y aceptadas por la edil benitojuarense, el presidente del organismo Marco Antonio Tóh Euán constató que el municipio carece de cualquier tipo de avance, de acuerdo con una revisión realizada por el organismo, que derivó en sendos oficios dirigidos a la presidenta municipal de Cancún, uno el 31 de agosto, y otro el 11 de noviembre pasado.
La recomendación CDHEQROO/16/2020/II, por ejemplo, se refiere a la detención de una persona con engaños por parte de policías municipales que la sacaron de su centro de trabajo, pues se le “invitó” a participar como testigo en una investigación del secuestro exprés de varios deportistas cuando en realidad se le fincó presunta responsabilidad, el 2 de mayo del año pasado.
El organismo comprobó que la conducta de los uniformados transgredió la libertad personal del afectado pues se le detuvo sin orden de aprehensión ni que fuera sorprendido en flagrancia, de ahí que se instruyó a la alcaldesa para que ordene al jefe de la policía a iniciar el procedimiento de responsabilidad y aplicar sanciones a los responsables.
Además, se deberá ofrecer una disculpa pública en la que establezca la verdad de lo que efectivamente pasó, se le brinde a la víctima atención psicológica y/o psiquiátrica, se reactive su pensión por riesgo de trabajo, se le inscriba en el Registro estatal de víctimas y que los uniformados respeten los derechos de las personas.
En la recomendación CDHEQROO/07/2020/II, la dirección general de revisión de proyectos, control y seguimiento de recomendaciones evidenció seis puntos de recomendación incumplidos, desde el 31 de agosto pasado.
El caso tiene que ver con el robo del vehículo de la víctima que fue constatado por un policía municipal y que nada hizo por evitarlo, cuyo caso fue dado por concluido sin la recuperación de la unidad por la autoridad investigadora, en hechos ocurridos en noviembre de 2016. La recomendación documentó la responsabilidad de tres servidores públicos municipales.
El afectado debe causar alta en el Registro de víctimas, con reparación integral de los daños incluyendo una compensación, ofrecerle una disculpa pública e iniciarse también procedimiento de responsabilidad administrativa. Incluso, se debe dar instrucciones a los uniformados para que respeten el derecho humano a la Seguridad Pública y se capacite a los servidores públicos.
En la recomendación CDHEQROO/04/2020/II se responsabiliza a tres agentes municipales por detener ilegalmente a dos personas a bordo de una motocicleta. Por no portar a la vista los distintivos oficiales como agentes, la víctima les exigió identificarse lo que molestó a los uniformados quienes respondieron con insultos y jalones provocando fractura a la víctima.
Por estos hechos ocurridos el 8 de febrero de 2018 en el cruce de las avenidas Luna y Sol, la Comisión instruyó en agosto pasado a la alcaldesa iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa, pronunciar una disculpa pública, ordenar por escrito que el personal actúe siempre en apego al respeto de los derechos humanos y capacitarlos en la materia.
La recomendación CDHEQROO/13/2020/II involucra también a la policía municipal que el 14 de abril de 2013 actúo con excesos y uso desmedido de la fuerza contra una persona que viajaba en un taxi, al que obligaron a descender y tundieron a golpes y torturaron con descargas eléctricas bajo la acusación de actuar en un homicidio y posesión de drogas.
La medida instruye que a la víctima se le brinde una compensación económica, se inicie el procedimiento de responsabilidades administrativas, se presente la denuncia por el delito de tortura, se haga una declaración por escrito en que se acepte la responsabilidad oficial y se capacite a los demás agentes policiacos.
De acuerdo al ombudsperson, la presidenta del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, duplica en cantidad a las recomendaciones emitidas contra el alcalde de Cozumel (2) y sus similares de Bacalar (1) y Othón P. Blanco (1) en el presente año.
FUENTE: Luces del Siglo
