CIBERSEGURIDAD EN EL PADRÓN MÓVIL: EMPRESAS DE TELEFONÍA SON RESPONSABLES DE PROTEGER DATOS ANTE REGISTRO DE 143 MILLONES DE LÍNEAS
Redacción Macronews.- Tras el inicio del registro obligatorio de líneas telefónicas el pasado 9 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó que la custodia y protección de la información personal de los usuarios es responsabilidad exclusiva de las operadoras de telecomunicaciones. Esta declaración surge en respuesta a las denuncias de una vulnerabilidad técnica reportada el pasado fin de semana, la cual habría expuesto datos sensibles como la Clave Única de Registro de Población (CURP) de miles de ciudadanos que intentaban cumplir con la nueva normativa federal.
La mandataria subrayó que, aunque el Estado impulsa este padrón para combatir delitos como la extorsión y el fraude —fenómenos que afectan a gran parte de las 143 millones de líneas activas en el país—, la infraestructura para la recolección de datos debe ser garantizada por las empresas privadas. “Para el registro de celulares, es la propia empresa telefónica quien lo hace y la responsable de cuidar la información”, puntualizó Sheinbaum durante su conferencia matutina de este 13 de enero, reiterando que la seguridad informática no es opcional frente a la obligación ciudadana de vincular su identidad a sus dispositivos móviles.
El proceso de registro, que contempla el uso de la CURP y validaciones biométricas, tiene como fecha límite el 30 de junio de 2026; de lo contrario, las líneas que no hayan sido vinculadas serán suspendidas de manera definitiva. Ante los fallos detectados en portales de registro, donde especialistas en ciberseguridad advirtieron una exposición de datos mediante el código fuente de los sitios, las operadoras han comenzado a implementar medidas de seguridad adicionales. No obstante, el Gobierno Federal mantiene la postura de que cualquier filtración masiva será atribuible directamente al manejo interno de las prestadoras de servicio, quienes están obligadas por ley a evitar el acceso no autorizado a los expedientes digitales de los mexicanos.
