Empleados de una empresa iniciaron trabajos, pese a estar impedidos por existir varios amparos interpuestos.
Una constructora violó ayer la prohibición de un juez federal para realizar cualquier obra en Malecón Tajamar, obligando a las autoridades federales y locales a detener los trabajos de devastación que realizaba con maquinaria pesada, y a la Dirección de Ecología municipal a practicar una nueva clausura, que se suma a una anterior realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la zona del conflicto de 58 hectáreas y 25 proyectos inmobiliarios.
Estas acciones forman parte de una puja entre desarrolladores que compraron terrenos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y ambientalistas que se oponen a la devastación de la zona de manglar, donde aquellos levantarán sus edificios con inversión global estimada de 900 millones de dólares.
Pese a que un juez federal ordenó a principios de noviembre del año pasado la suspensión definitiva de las obras en Malecón Tajamar, el operador de un trascabo logró devastar ayer unos cien metros de humedal antes de recibir la orden de suspensión.
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Según se informó, con permisos otorgados mediante información falsa, trabajadores de una empresa propietaria de uno de los predios dentro del malecón iniciaron tareas, pese a estar impedidos por existir varios amparos interpuestos por organizaciones ciudadanas y grupos ambientalistas.
Ante la movilización ciudadana que inició a las 9 de la mañana (cuando empezó la devastación), acudieron elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Profepa, así como de la Policía Federal (PF).
Pasada la 1 de la tarde, se presentó personal de la Dirección de Ecología municipal, que colocó sellos de clausura en la maquinaria utilizada para arrasar el terreno.
Supuestos permisos
Una vez que el agente del Ministerio Público de la Federación y un comandante de la Policía Ministerial ubicaron a los representantes de la empresa propietaria del terreno, los invitaron a la delegación de la PGR para que mostrarán los documentos y los supuestos permisos con los que dijeron contar y justificar la devastación del mismo.
Según información reciente de Fonatur, 80% del proyecto está vendido, quedando sólo cuatro lotes.
Novedades Quintana Roo publicó ayer que Rolando Melo Novelo, titular de la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, aseguró que a la fecha se encuentran suspendidos todos los trabajos.
“Tenemos el tema pendiente sobre el Malecón Tajamar; estamos esperando los resolutivos por parte del juez federal para efecto de poder continuar con las solicitudes de construcción”, dijo.
En tanto, varias organizaciones ecologistas, como Amigos del Manglar, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y de la Sociedad Protectora de Animales Lum Balicheo, entre otras, coincidieron que existen varias violaciones a los amparos interpuestos desde el año pasado.
Terrenos intocables
Por su parte, David Linares Arredondo, del Cemda, mencionó que en tanto no haya el resolutivo de los amparos promovidos ante los juzgados de distrito, los terrenos deben permanecer como están, pese a que ya existe devastación y daños en el manglar y otras especies, incluso, animales.
“No pueden tocar ni un milímetro de las más de 90 hectáreas de esta zona, porque aún no hay un resolutivo de los amparos interpuestos por ciudadanos de diversas organizaciones”, expresó la ambientalista Sara Rincón.
Señaló que las personas que dijeron ser representantes de la empresa propietaria del terreno se negaron a mostrar el supuesto permiso de la Dirección de Ecología municipal.
“Hablé con ellos (los representantes de la empresa) y les dije que esto no puede continuar, siguen cometiendo errores y delitos y aseguran que tienen un permiso de Ecología, pero esta instancia no tiene facultades para autorizar en estas condiciones cuando no hay un resolutivo de las demandas de amparo”, apuntó.
“Ellos (los propietarios del terreno) tienen que demandar a Fonatur, ya que los engañaron, pues presentaron documentación falsa avalada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que describía que en esos terrenos no había humedales”, puntualizó Sara Rincón.
“Que sepan los inversionistas que algunas autoridades son corruptas y que están vendiendo terrenos que son manglares o que están en zonas protegidas por las leyes ambientales”, finalizó.
Fuente: Sipse
