Redacción Macronews.- Diputados de Quintana Roo señalaron que las comunidades mayas deberán precisar los elementos específicos de su demanda contra Grupo Xcaret, en medio del litigio por el uso de patrimonio cultural, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara la suspensión que permitía a la empresa utilizar dicha simbología en su promoción turística.

La resolución del máximo tribunal establece que la protección del patrimonio cultural es de interés público y social, por lo que Xcaret deberá retirar estos elementos de su publicidad y plataformas digitales mientras se resuelve el fondo del caso.
El diputado Hugo Alday Nieto indicó que, aunque existe un debate sobre la apropiación cultural, también hay elementos legales que favorecen a la empresa, particularmente en materia de propiedad industrial, ya que cuenta con registros previos de la marca.
Debate legal y llamado al diálogo
El legislador explicó que será fundamental que las comunidades definan con claridad qué elementos están reclamando, como vestimenta tradicional o expresiones culturales específicas, para determinar si existe una apropiación indebida o una reinterpretación permitida.
Añadió que el caso será complejo para el juez federal, quien deberá delimitar los alcances entre derechos de autor y propiedad industrial, considerando precedentes como el de comunidades indígenas cuyos diseños fueron reproducidos directamente por marcas internacionales.
Por su parte, la diputada Silvia Dzul Sánchez subrayó que el tema no debe politizarse y llamó a establecer mesas de diálogo entre las partes involucradas, priorizando el respeto a las comunidades originarias y la preservación de la cultura maya.
Asimismo, reiteró la importancia de reconocer el trabajo de quienes han protegido la lengua, tradiciones y vestigios culturales, y expresó su disposición para impulsar soluciones que beneficien directamente a las comunidades afectadas.
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El caso continúa en proceso judicial y se espera que en las próximas etapas se definan con mayor precisión los alcances de la demanda y las posibles responsabilidades.



















