DOS MUERTOS, 473 HERIDOS Y 391 VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN ECUADOR TRAS 31 DÍAS DE PROTESTAS
Redacción Macronews.- Un informe presentado por la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos reveló el balance final de las protestas en Ecuador ocurridas entre septiembre y octubre de 2025, las cuales dejaron un saldo de 2 personas fallecidas, 473 heridos, 206 detenidos y 391 violaciones a derechos humanos. Las movilizaciones, convocadas por el movimiento indígena, se originaron tras la eliminación del subsidio al diésel por decreto presidencial, sin previo aviso.
Los fallecidos fueron dos manifestantes indígenas, presuntamente abatidos por disparos del Ejército durante enfrentamientos en bloqueos carreteros. El informe señala que al menos 12 detenidos fueron procesados por terrorismo y enviados a prisión preventiva, aunque posteriormente fueron liberados tras el cese de las protestas.
De las 391 vulneraciones documentadas, se registraron:
155 afectaciones a la integridad personal
84 violaciones al derecho a la protesta y resistencia
44 contra la libertad personal
36 contra la libertad de expresión
14 amenazas al derecho a defender derechos
11 amenazas a la propiedad
8 amenazas graves al derecho a la vida
La provincia de Imbabura fue el epicentro del conflicto, concentrando junto con Pichincha el 75% de las violaciones. El informe denuncia que el Estado ecuatoriano utilizó aparatos institucionales para perseguir, estigmatizar y censurar a los manifestantes, incluyendo el bloqueo de cuentas bancarias de líderes indígenas.
La Alianza también advirtió sobre un deterioro democrático en el país desde la declaratoria de “conflicto armado interno” en enero de 2024 por parte del presidente Daniel Noboa, medida tomada para enfrentar una ola de violencia que dejó más de 4,600 homicidios en la primera mitad de 2025.
El documento insta a organismos internacionales a vigilar y exhortar al Estado ecuatoriano para que se abstenga de vulnerar derechos de defensores comunitarios, especialmente de los guardias indígenas, considerados esenciales para la autodeterminación de los pueblos originarios.
Finalmente, la Alianza exigió que el Gobierno investigue y sancione las violaciones cometidas durante los paros de 2019, 2022 y 2025, y garantice la reparación integral a las víctimas, además de solicitar a la Defensoría del Pueblo y a la Corte Constitucional que actúen con independencia y firmeza ante los hechos documentados.
