CANCÚN, Q. ROO.- Una silenciosa barcaza de dragado extrae del fondo del mar miles de toneladas de arena por un tubo hacia la playa del exclusivo y lujoso desarrollo inmobiliario Puerto Cancún, durante los meses de mayor anidación de la tortuga marina y cuando la bahía de tonalidades turquesa, de este paradisiaco centro turístico, está completamente solo de turistas por las medidas de aislamiento del Covid-19.
El espectáculo visualmente es atroz y a pesar de que los trabajos de dragado se intensificaron durante las 24 horas en los últimos 20 días, anunciando lo que ya se percibe como la peor catástrofe ecológica de la zona, no hay autoridad federal, estatal o municipal capaz de obligar a los responsables para frenar la ilegal destrucción que beneficiará a los desarrolladores del proyecto de construcción de cinco torres del súper lujo en Novo Cancún, que en un primer paquete pondrán a la venta 600 unidades residenciales y 45 habitaciones de hotel, con una inversión de 1 billón de dólares.
El proyecto de construcción de las dos primeras torres (SLS Harbour Beach y SLS Marina Beach) fue autorizado en 2017 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pasando por alto los estudios realizados por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología así como del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que desde entonces advertían:
“La zona donde se proyecta la construcción de duna es un potencial sitio de anidación de tortugas marinas (especies con estatus de protección especial por la Norma Oficial Mexicana). En este proyecto no se menciona esto, y por ende no plantean medidas para prevenir posibles impactos sobre la anidación de estos reptiles marinos durante y después de la realización de la obra”.
Pero la advertencia, y otras, no le importaron al director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la (Semarnat), Alfonso Flores Ramírez –cargo que ocupa desde el gobierno de Vicente Fox–, quien el 20 de octubre de 2017 aprobó el proyecto de “Mejoramiento y Estabilización de la Zona de Playa Frente al Desarrollo Puerto Cancún”, el cual reconoce una grave afectación: “La zona de pastos (marinos) frente a Puerto Cancún tiene una superficie total de 240,500 metros cuadrados, de los cuales sólo se realizará la afectación de pastos en una porción de 52,675.80 metros cuadrados, que equivale a un 22% del total de la superficie del proyecto”.
En el mismo acto, el funcionario federal le otorgó a los desarrolladores del proyecto el permiso 23QR2017T000, con vigencia de dos años extensible, por lo cual la premura de dragar y extraer la arena lo más pronto posible para rellenar con arena los 144 metros de playa que comprende la zona de Novo Cancún, donde el metro cuadrado ronda los 55 mil pesos.
El permiso y los estudios de la UNAM son parte de la Manifestación de Impacto Ambiental, integrado en un documento de 80 hojas, y presentada por la empresa de Puerto Cancún, con razón social FRBC-PC Club Dos, S. de R.L. de C.V., el cual fue aprobado por la Semarnat en los siguientes términos: “la construcción de 6 arrecifes artificiales, 2 escolleras, la instalación de geo cilindros rellenos de arena para conformar dos dunas artificiales, así como la inyección de arena en la zona de playa, alcanzando un volumen de vertido de arena de aproximadamente 10,806.72 metros cúbicos sobre una superficie de 36,022.426 m2, en la zona submarina frontal a la playa del desarrollo Puerto Cancún, en el Municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo”.
La investigación realizada por Luces del Siglo sobre esta serie de irregularidades conducen a una intrincada red de complicidades de corrupción y de intereses políticos que comienzan en el Ayuntamiento de Benito Juárez, pasan por varias empresas estadounidenses, salpican a gobiernos priistas y panistas, atraviesan el emporio del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, se pasean por La Paz, BCS, y terminan con el permiso 23QR2017T0001 de Semarnat, autorizado por Flores Ramírez, a quien un grupo de ecologistas le vertieron frente a sus oficinas dos toneladas de estiércol, como símbolo de protesta por las afectaciones realizadas en varias zonas ecológicas del país.
Esta laberíntica ruta de influencias y proyectos, parte de dos razones sociales: FRBC-PC Club Dos, S. de R.L. de C.V., que sólo administra algunas de las vertientes de negocios de Puerto Cancún, y FRBC-PC Club S de R.L. de C.V., que se encarga de administrar otros contratos. Ambas pertenecen a MIRA Companies, filial de la estadunidense Black Creek Group, la cual destinó mil 800 millones de pesos para la construcción de la plaza comercial de Puerto Cancún, el equivalente de lo que obtuvo de impuestos el gobierno de Quintana Roo hace seis años.
MIRA Companies es un grupo con más de 30 años en el mercado, que ofrece servicios de construcción de caminos, conservación de infraestructura caminera y de vialidades urbanas, también construye infraestructura petrolera especializada, edificios, gasolineras, patios de maniobras, obras de agua potable y drenaje, entre otros servicios para el sector de construcción.
MIRA Companies, propietaria de Puerto Cancún, es una empresa de capital privado enfocada en crear compañías que desarrollan proyectos de bienes raíces. Actualmente, cuenta con más de 500 millones de dólares de activos en administración.
Por su parte, Black Creek Group es un grupo experto en bienes y raíces, con sede en Estados Unidos y con negocios en México desde 1996, que se dedica a adquirir, operar, financiar y vender bienes raíces comerciales y residenciales en el vecino país y México. Además de Mira Corporate, sus filiales han patrocinado varias de las compañías inmobiliarias nacionales líderes y más reconocidas, entre ellas: Corporate Properties of the Americas, desarrolladora, propietaria y operadora de bienes raíces industriales en México; México Retail Properties, desarrolladora, propietaria y administradora de bienes raíces comerciales en la República; e Infraestructura Institucional, desarrolladora y plataforma de financiamiento para proyectos de infraestructura.
En Estados Unidos la empresa multinacional administra activos por 7 mil 600 millones de dólares. En México, la empresa estadounidense tiene tres proyectos detectados: Nuevo Sur, en Monterrey; Todos Santos, en Baja California Sur, y Puerto Cancún, en Quintana Roo. Black Creek Group, con sede en Denver, cerró un año récord en 2019, la empresa recaudó 2.3 mil millones de dólares en capital, un aumento del 150 por ciento en comparación con 2018, y desarrolló dos mil millones dólares en bienes raíces.
En las investigaciones sobre la ruta de proyectos de estas dos empresas las autorizaciones de la Semarnat, fundamentales para obtener zonas privilegiadas, pero muchas de ellas protegidas por leyes de ecología, pasan siempre por la firma de Alfonso Flores Ramírez, quien han sido el ojo del huracán de varios escándalos.
Greenpeace, desde 2012, documentó un extenso estudio y denuncia de este funcionario por violar sistemáticamente la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados al otorgar permisos para la siembra de soya transgénica en fases comercial y piloto para los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Yucatán.
Destaca en estos casos de denuncia el ocurrido durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, cuando la organización ambientalista presentó ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Semarnat un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Flores y otros servidores públicos por violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley de Bioseguridad de OGM, al haber ignorado las opiniones técnicas vinculantes de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que dictaminaron la inconveniencia de otorgar el permiso de liberación comercial de soya.
Desde entonces, derrotados los de Greenpeace, la mano de Flores Ramírez ha sido fundamental para echar andar los proyectos por este grupo de desarrolladores poderosos presentados ante la Semarnat, ignorando y pasando por alto las opiniones técnicas vinculantes de varios organismos e instituciones especializadas, como sucedió en Puerto Cancún.
Pero los intereses crecen. Varias investigaciones realizadas por Luces del Siglo hace una década revelaron que en esta red de corrupción participan subalternos de Flores Ramírez, como Ricardo Juárez Palacios, director general de Impacto Ambiental, quien autorizó ilegalmente las obras del Malecón Tajamar en 2005 y 2006. En esa tarea, le ayudaron sus dos directores: Martín Quijano Poumian y Andrés Chacón Hernández, quienes se dedican a la consultoría asesorando a los empresarios en cómo burlar la ley.
Estos funcionarios de la Semarnat también aprobaron el proyecto del tren México-Querétaro; de la empresa submarina Don Diego que pretende sacar 360 millones de toneladas de arenas fosfáticas del Golfo de Ulloa, de Ricardo Salinas Pliego. Asimismo, la Manifestación de Impacto Ambiental con la cual no existen impedimentos en materia ecológica del malogrado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Malecón Tajamar, un proyecto de Fonatur que agrupa a más de 30 empresas que incluso se habían beneficiado con varios contratos del NAIM, fue cortado con el mismo grupo que impulsó Puerto Cancún, creado por el influyente Grupo Kelly desde 2003 y que vendió a Black Creek Group, a través de la subsidiaria mexicana MIRA companies, que encabeza Francisco Javier Barrios Sánchez, quien a su vez confirmó a Rafael Lang Uriarte, quien ha encabezado el proyecto como director del mismo prácticamente desde su arranque.
El proyecto de Puerto Cancún abarca 327 hectáreas colindantes con la zona hotelera, inició en 2003 y concluyó la primera etapa básica de urbanización en 2009. Conocido comercialmente como Paraíso Cancún, está anclado por una marina para más de 175 puntos de atraque de lujosos yates y un campo de golf de 18 hoyos diseñado por Tom Weiskopf. Lang Uriarte ha confirmado en diversas entrevistas que están en puerta 10 nuevos desarrollos condominales, algunos totalmente nuevos y otros que complementan los proyectos ya iniciados desde el 2002, de al menos 100 millones de dólares cada uno.
Es decir, diversas empresas del grupo se benefician de Puerto Cancún para el desarrollo de lujosas residencias y condominios, como ocurre ahora con el vistoso proyecto de las Torres SLS Cancún, que incluye en su primera etapa la construcción de dos, de cinco torres, de super lujo en Novo Cancún y forma parte de una sociedad entre Inmobilia y U-Calli, empresas en sociedad de The Related Group, compañía que desarrolla proyectos dentro y fuera de Estados Unidos y que tiene su epicentro en Miami. El propietario es el magnate inmobiliario latino, Jorge Pérez, quien ante el enfriamiento del mercado en Miami busca expandirse hacia Cancún.
SLS Horbour Beach, The Related Group, junto con sus socios, consolidan su presencia en el Caribe Mexicano, pues estas dos primeras torres ofrecerán 600 unidades residenciales y 45 habitaciones de hotel de lujo. La inversión estimada es de un billón de dólares, inicialmente.
Y es aquí, precisamente, frente a estas dos torres de The Realted Group, donde el metro cuadrado vale hasta 56 mil pesos, donde se inyecta arena blanca proveniente de una zona privilegiada ecológicamente para las tortugas marinas y donde Semarnat les autorizó destruir, “por conveniencia de desarrollo social y económico”, 53 mil metros cuadrados de pasto marino.
Este grupo de constructoras que paulatinamente coinciden en varios desarrollos inmobiliarios en México, tienen un aliado poderoso: Jerónimo Marcos Gerard Rivero, hermano de Ana Paula Gerard Rivero –la esposa de Carlos Salinas de Gortari–, quien preside Mexico Retail Properties (MRP) e Infraestructura Institucional (I2), dos de las filiales de Black Creek Group en el país, según el portal financiero Bloomberg.
John A. Blumberg, uno de los tres fundadores de Black Creek Group, co-creó MRP con Jerónimo Marcos Gerard Rivero en 2003. En una década, el fondo de inversión se convirtió en un gigante inmobiliario: a finales de 2013, el fideicomiso Fibra Uno adquirió portafolios de 49 propiedades que pertenecían a MRP por 23 mil 155 millones de pesos, en lo que se consideró “la mayor transacción inmobiliaria de México”. En 2009 Black Creek Group lanzó Infraestructura Institucional (I2) cuyo director y co-fundador es el mismo Gerard Rivero, el cuñado de Salinas.
La revista Proceso documentó que I2 inyectó fondos a proyectos de obra federal concesionados a empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor y financiero de la Casa Blanca de Las Lomas, en la que residía la pareja presidencial conformada por Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, basado en documentos provenientes de Panamá Papers.
Hipólito Gerard Rivero, otro de los hermanos de la esposa de Carlos Salinas de Gortari, dueño de Constructora y Edificadora GIA+A, que, junto con una filial de Grupo Higa, ganó la licitación fallida del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro. Grupo Higa pertenece al empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, el mismo que vendió una casa a la Primera Dama, Angélica Rivera, y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Muchos de estos empresarios se involucraron también en varios proyectos del NAIM y Malecón Tajamar.
Al igual que Puerto Cancún, estas empresas desarrollan otros diversos proyectos, como Todos los Santos, en Baja California Sur, en donde intervienen los mismos nombres de funcionarios de la Semarnat autorizando proyectos y la empresa MIRA Companies, la cual se dedica a erigir “comunidades” de lujo en prácticamente todo el país, como mencionan en su sitio oficial. Utilizan razones sociales parecidas como FRBC Dos Santos S de RL de CV, y FRBC-Todos Santos Dos, S. de R. L. de C. V.
Este intrincado grupo de empresarios e intereses políticos desarrollan Puerto Cancún y son los culpables del dragado de arena de la bahía de Cancún.
FUENTE: Luces del Siglo
