Redacción/Sol Quintana Roo
Cancún.- Mientras las calles del municipio Benito Juárez rebozan de basura, su presidenta le adjudicó un contrato por más de 260 millones de pesos a la empresa Red Recolector S.A. de C.V., propiedad de los hermanos Horacio Gumah, Karla Rebecca y Karina Vanessa Guerra Marroquín.
A la empresa con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se le entregó el contrato SIRESOL-DG-CPS-01-21 con la encomienda de revertir el estado de emergencia sanitaria declarada el pasado 17 de diciembre de 2020 por el Cabildo de Benito Juárez. Por este servicio cobrará 730 pesos por tonelada recolectada, lo que equivale a poco más de un millón de pesos diarios.
Con vigencia desde el 1 enero de 2021 hasta 30 de septiembre, la compañía ya empezó a cobrar sus primeras facturas pese a que en las calles se ven por doquier las montañas de bolsas de basura y desechos esparcidos sobre banquetas y contenedores.
Por medio del organismo descentralizado “Solución Integral de Residuos Sólidos de Cancún (SIRESOL) en calidad de contratante, la alcaldesa negoció con los integrantes del cabildo para adjudicarle fast track el contrato a la empresa. Y muchos vinculan a sus hijos con la recepción de algún beneficio económico.
Las acciones de la alcaldesa hicieron que el estado de emergencia sanitaria se convirtiera también en un conflicto político electoral, pues es notorio a todas luces que impera la ingobernabilidad en el municipio. Para ella resulta más fácil solicitar los servicios de más empresas que meter en cintura a las ya contratadas. Sin embargo, el hecho va más allá, se trata de actos de simulación para reunir fuertes cantidades de dinero con destino a las campañas electorales.
La crisis sanitaria por acumulación de basura tiene diversas vertientes, entre ellas la exigencia a la empresa Inteligencia México SA de C.V., cuyo socio es el excalde de Cancún Carlos Canabal Ruiz. Este se jactaba de ser uno de los asesores políticos y de comunicación de Lezama Espinosa. Sin embargo, en apariencia ese idilio se terminó ante la voracidad de Mara y la negligencia de Canabal Ruiz.
Otra de las suposiciones es que la presidenta municipal de Benito Juárez estaría simulando un conflicto entre Inteligencia México SA de CV y la Comuna para dar paso a la contratación de Red Recolector S.A. de C.V., propiedad de los hermanos Guerra Marroquín. Todo ello con el fin de ganar recursos frescos para la contienda electoral del presente 2021. Esta sospecha se tiene porque la nueva empresa ha sido señalada de apoyar procesos electorales con fuertes cantidades de dinero, para luego quedarse con los mejores contratos.
Para encubrir sus actos, los camiones de la empresa Red Recolector S.A. de C.V. no pasan por la báscula para pesar el tonelaje de basura. Además que la empresa recibe un millón de pesos diarios porque el Ayuntamiento paga la tonelada a 700 pesos. Se está pagando más del doble de lo que se le pagaba a Inteligencia México SA de C.V., que recibía 315 pesos por cada tonelada de basura.
Cabe señalar que en Cancún se generan hasta mil 500 toneladas de basura al día, ello resulta un jugoso negocio para Mara Lezama y Red Recolector S.A. de C.V., que ya empezó a obtener sus millonarias ganancias. En diciembre se echó a la bolsa 15 millones 750 mil pesos pues cmenzó sus servicios en ese mes.
Fuentes opositoras al servicio, revelaron que Horacio Guerra Marroquín, uno de los dueños de Red Ambiental S.A. de C.V., es señalado por financiar campañas políticas en las entidades donde logra adjudicaciones.
Por su parte, el presidente del Observatorio Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, pidió en diciembre pasado a la presidenta municipal y a los regidores que expliquen por qué Red Recolector S.A. de C.V. recoge basura sin tener un contrato y sin que se conozcan las condiciones con las cuales se le autorizó operar.
En tanto, el regidor Issac Janix también solicitó en varias ocasiones que se muestre el contrato con la empresa Red Recolector S.A. de C.V. porque no había sido mostrado de ninguna forma; mucho menos se ha hecho público en la plataforma de Transparencia.
Mientras unos abultan sus cuentas bancarias, la gente sigue padeciendo en las calles el conflicto pues la empresa Inteligencia México, pese a que obtuvo un amparo en contra de la administración de Mara Lezama, no tiene permitido el acceso al relleno sanitario para descargar la basura y realizarles el pesaje de las toneladas de basura. Por lo tanto, los camiones permanecen estacionados y sin recolectar los desperdicios.
Cabe señala que en Querétaro la empresa Promotora Ambiental S.A. de C.V. (PASA) interpuso un recurso jurídico en contra de la concesión que recibió Red Recolector S.A. de C.V., pues considera que hubo irregularidades en el proceso.
Hace unos meses, la alcaldía de Querétaro emitió un fallo en el que otorgó la concesión por 15 años para que Red Recolector brinde el servicio de traslado y recolección de basura. Al respecto PASA acusó al Comité de Adquisiciones capitalino de favoritismo hacia la ganadora del fallo, pues argumentó que ellos ofrecieron una tarifa de 348 pesos por tonelada de basura, mientras que la firma que tendrá la concesión propuso 463 pesos.
Pese a que PASA le ahorraría al municipio 75 pesos por tonelada, es decir 322 millones de pesos por el tiempo de la concesión, con Red Recolector S.A. de C.V. el costo al municipio es de 240 millones de pesos más.
En Cancún los 14 mil comerciantes que pagan puntalmente el servicio de la basura padecen del conflicto sanitario, pues no se está solucionando el problema de la recolección; pero lo que sí van a provocar es un conflicto mayor.
Porque los cancunenses se enfrentan ahora, no sólo a la soberbia de la empresa y la presidenta municipal de Benito Juárez María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, sino también a la mala calidad de los servicios, evidenciados en otras entidades de país.
Además, los trabajadores se encuentran ante la incertidumbre de que les sean pisoteados sus derechos laborales. Y más aún, que les reduzcan el salario como lo han hecho en otras demarcaciones. No hay que olvidar que los trabajadores responsabilizan a la presidenta municipal de Cancún de incumplir los acuerdos que les permitan mejorar su situación laboral y salarial.
FUENTE: Sol de Quintana Roo