Redacción Macronews por Renan Moguel.— Una madre de familia denunció públicamente la operación irregular del Instituto Nacional Superior Educativo, un plantel privado en Cancún que ofrece educación primaria, secundaria y bachillerato sin contar con el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE). Este caso no solo pone en evidencia el funcionamiento ilegal de la institución, sino también la inacción de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quienes se han declarado incompetentes para atender la queja.
Falta de documentación oficial
Consuelo Arrucha, madre afectada, relató que al concluir el ciclo escolar pasado, solicitó la boleta de calificaciones de su hija. Sin embargo, la institución negó emitirla, argumentando falta de pago. Durante una reunión con el director del plantel, identificado únicamente como Alejandro, este admitió que el instituto carece de registro estatal y afirmó tener validez federal, la cual no aparece en la plataforma oficial de la Secretaría de Educación Pública.
Respuesta de las autoridades
Tras la negativa del plantel, Consuelo acudió a la SEQ, donde le informaron que, al no tener registro estatal, el caso no era de su competencia. De igual forma, en la Profeco se desentendieron del problema, argumentando que su jurisdicción no abarcaba incumplimientos de servicios educativos relacionados con documentación oficial.
Derechos humanos interviene
Ante la falta de acción de las autoridades educativas y de consumo, la madre recurrió a la Comisión de Derechos Humanos (CDH). Este organismo emitió una recomendación dirigida a la SEQ, señalando que su inacción violenta los derechos de la menor afectada. Además, se documentó que el director del plantel ha emitido comentarios que afectan la integridad de la estudiante, agravando la situación debido a su condición de menor de edad.
Más casos bajo investigación
De acuerdo con reportes preliminares, más de 100 familias podrían estar afectadas por las irregularidades de esta institución, lo que deja en evidencia la necesidad urgente de supervisión por parte de las autoridades educativas y la Profeco.
Este caso resalta la vulnerabilidad de los padres de familia ante instituciones que operan fuera de la ley, y la falta de respuesta efectiva de las dependencias encargadas de garantizar el acceso a una educación de calidad y la protección de los derechos de los estudiantes.
