BENITO JUAREZ, 13 de diciembre.- El titular de La Fiscalía General del Estado (FGE), Oscar Montes de Oca Rosales, informó que se ejerció acción penal en contra de 11 mandos y elementos policiacos, por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y robo investigados en la carpeta de investigación pertinente, por hechos suscitados el pasado 9 de noviembre en las instalaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez, cuando se manifestaban grupos feministas y simpatizantes, en protesta por un feminicidio.
En un mensaje que dirigió a la población, el antes citado dijo que en el expediente se encuentran relacionados, en su calidad de víctimas dos periodistas del Estado de Quintana Roo, entre éstos, nuestra compañera Cecilia Solís, quienes resultaron lesionados por arma de fuego, así como ocho personas más con heridas en diferentes partes del cuerpo, siendo que a una de ellas le sustrajeron sus pertenencias, quienes participaban en la manifestación que se llevaba a cabo en la Plaza la Reforma, ubicada frente al Palacio Municipal ya citado.
“De la investigación se desprendió que participaron al menos 78 policías municipales según reportes oficiales, divididos en cuatro grupos, cuyo objetivo era la protección y contención a las instalaciones”, agregó.
En este sentido, el Abogado del Estado señaló que la representación social, hasta el momento, ha practicado diversos actos de investigación, entre estos: 10 entrevistas a las víctimas, a quienes se les otorgaron medidas de protección, destacando que también fueron entrevistados 78 elementos policiacos; se practicaron 89 dictámenes periciales de diversas especialidades, entre estos, en materia de medicina, de balística, de psicología, de valuación, de química, de análisis de videograbaciones, de identificación y se revisaron 60 armas de fuego, continuándose con el análisis del total de armas que ampara la licencia colectiva para la confronta con un elemento balístico encontrado en el cuerpo de una de las víctimas.
“Además, se envió un desglose a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República y otro desglose a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad de la FGE Quintana Roo, por lo que hace a probables hechos relacionados con delitos sexuales”, asentó.
Al respecto, el funcionario indicó que también se dio intervención a las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos.
“De momento se ha concluido que nueve mandos de la Policía Municipal incumplieron con su deber de cuidado al no salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, lo que era su responsabilidad en términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; asimismo, pusieron en riesgo a los asistentes de dicha manifestación al permitir que personal bajo su mando acudiera con armas de fuego al lugar de los hechos, no evitando el empleo ilícito de la fuerza al ser utilizadas las armas de fuego de manera innecesaria e injustificada, contraviniendo la Ley Nacional del Uso de la Fuerza Pública”, acotó.
Montes de Oca Rosales sostuvo que, por otra parte, también fueron omisos en ordenar la detención de aquellos elementos de la Policía Municipal que accionaron sus armas de fuego, en contra de los ahora lesionados.
“Finalmente, también se formulará imputación en contra de los mismos mandos, por permitir que se alterara la escena de los hechos y se destruyeran, ocultaran y desaparecieran elementos probatorios”, remarcó.
En conclusión, el titular de la FGR confirmó que se ejerció acción penal en contra de 11 personas servidoras públicas, entre ellas nueve mandos y dos elementos policíacos, quienes al momento de los hechos desempeñaban el cargo de secretario, subsecretario, director, tres coordinadores, tres supervisores y dos elementos, todos ellos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Benito Juárez.
De igual forma, dijo que en los próximos días se llevará a cabo la audiencia inicial ante un juez de Control, para formular la imputación correspondiente y la imposición de medidas cautelares, subrayando que la representación social continuará con la investigación por diversos hechos señalados como delito por la Ley en contra de otros servidores públicos que probablemente participaron en los mismos.
“La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo cumple con su obligación constitucional de localizar, perseguir y capturar a quienes transgreden la Ley y atentan contra la vida y la integridad física de los quintanarroenses”, concluyó.
FUENTE: DQR
