El personal le daba otro uso particular el alimento y la gasolina que era donado para la perrera.
La perrera municipal de Benito Juárez inició como un proyecto patrocinado por los empresarios de Cancún, pero la corrupción de los funcionarios no permitió que se creara un centro de atención canina que pretendía tener un control de la población en los perros, para que Cancún fuera una ciudad turística y de gran ejemplo en la atención de la fauna doméstica, señaló la presidenta de la Asociación Protectora de Animales, Sara Rincón Gallardo.
La perrera municipal se construyó en 1992, con apoyo del entonces gobernador Mario Villanueva Madrid y el presidente municipal Carlos Cardín Pérez, las intenciones eran buenas porque el gobierno donó el terreno y la edificación, además del patronato de empresarios que apoyaba en especie con la gasolina para la camioneta y el alimento de los perros.
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El Centro Canino, como se llamó en un inicio, estaba administrado por la Asociación Protectora de Animales y el patronato de los empresarios; en 1999, se decide que el gobierno municipal tome la administración.
Sin embargo, personal utilizaba para su uso particular gasolina que donaban los empresarios para la perrera y cuando se enteraron dejaron de dar este apoyo.
El alimento de los perros fue también cancelado por el patrocinio, una tienda de autoservicio que donaba las croquetas para los perros resguardados, cuando el producto que llegaba abierto no se vendía.
Quien se encargaba de ir por el alimento comenzó a utilizarlo para otro lugar y hasta se dio un conato de violencia dentro del supermercado porque existe un video en donde se le ve a esta persona rompiendo las bolsas de alimento para que se lo donaran, “yo pedí este video, pero el supermercado no quiso darme una copia”.
El ex presidente municipal, Carlos Cardín, señaló que la perrera municipal se dio porque había un problema de fauna callejera en el municipio y en su principio se tuvieron buenas intenciones, pero siempre han existido desacuerdos entre médicos veterinarios y las asociaciones de protección animal que se pretendía estuvieran a cargo de la administración.
Los gobiernos en turno decidieron poner el personal para que la perrera no cerrara y continuara dando los servicios al público; sin embargo, resaltó que la donación de recursos en especie debió haber sido vigilada tanto por el patronato como por las mismas asociaciones protectoras de animales.
Fuente: Sipse
