Redacción Macronews.- Operadores de estacionamientos de las principales plazas comerciales de Cancún solicitaron a las autoridades un incremento en la cuota de recuperación, que actualmente es de 13 pesos por dos horas, y que pretenden elevar a 17 pesos. Empresarios del sector argumentan que el ajuste es necesario para mantener la seguridad, iluminación, cámaras y seguros en los espacios de estacionamiento, además de cubrir los costos crecientes de operación.
El presidente de la Asociación de Operadores de Estacionamiento de Plazas Comerciales explicó que llevan más de dos años solicitando el ajuste sin obtener respuesta favorable. “Se les da seguro, tienen luces, cámaras. No creo que haya una inversión que se pueda realizar con ese precio. Sería necesario ajustarla”, señaló.
Los empresarios precisaron que el incremento sería gradual, comenzando con 15 pesos y posteriormente ajustando hasta llegar a los 17 pesos. Destacaron que Cancún tiene la tarifa más baja del país, ya que en otras ciudades los costos oscilan entre 35 y 45 pesos, mientras que en el Aeropuerto Internacional de Cancún una hora de estacionamiento alcanza los 48 pesos, y servicios como el lavado de autos pueden llegar hasta 650 pesos.
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Respecto a la seguridad, los operadores justificaron que han instalado cámaras en coordinación con el C5, lo que ha permitido reducir incidentes y cubrir seguros por robos a vehículos. Sin embargo, aclararon que la vigilancia directa corresponde a las autoridades: “No podemos agarrar al ratero. Eso es cosa que le corresponde al Gobierno, que es la seguridad y cubrirnos a todos nosotros”, expresaron.
Los empresarios también criticaron la falta de cajones públicos en la ciudad, señalando que existen alrededor de 500 mil vehículos registrados, cifra que supera la capacidad de estacionamientos disponibles, lo que obliga a muchos automovilistas a dejar sus unidades en la vía pública.
La asociación, que representa entre 15 y 18 centros comerciales y cerca de 600 empleados, advirtió que sin la actualización de la tarifa no podrán seguir invirtiendo en infraestructura ni personal de vigilancia, lo que pondría en riesgo la seguridad de los usuarios.
