Proponen iniciativa para crear Ley General contra la Extorsión, que busca proteger a las víctimas de este delito
Redacción Macronews | Por Renán Moguel.- El Poder Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión un proyecto de decreto para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una iniciativa que busca fortalecer el marco legal en torno a uno de los crímenes con mayor incidencia en el país.
De acuerdo con Eduardo Galaviz Ibarra, titular del Observatorio Legislativo Ciudadano, esta propuesta forma parte del proceso legislativo iniciado meses atrás, tras la modificación de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El especialista explicó que el delito de extorsión ocupa actualmente el tercer lugar en incidencia delictiva en México, con una cifra negra estimada en más del 97%, es decir, casos que no son denunciados ante las autoridades. “Esto confirma el grave problema que enfrenta la sociedad mexicana ante este tipo de acciones criminales”, subrayó.
La iniciativa contempla reformas y adiciones al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, Nacional de Extinción de Dominio y Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Con ello, el fenómeno delictivo de la extorsión quedaría plenamente integrado al marco judicial y procesal del país.
Galaviz Ibarra destacó que esta propuesta representa “un gran avance legal”, pues actualmente se encuentra en análisis y dictaminación en la Cámara de Diputados, con expectativas de ser aprobada en las próximas semanas.
Asimismo, enfatizó la importancia de reconocer que la extorsión no debe considerarse únicamente como un delito patrimonial, ya que sus consecuencias afectan también la integridad emocional, física y económica de las víctimas.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es que propone que el delito de extorsión sea investigado y perseguido de oficio, con el fin de proteger a las personas denunciantes y reducir su exposición ante los agresores.
Para ello, se plantea fortalecer los mecanismos de denuncia existentes, como la línea anónima 089, a través de la cual se podrá ofrecer información detallada sobre los hechos, permitiendo al Ministerio Público abrir una carpeta de investigación con base en los datos proporcionados.
