CANCÚN, Q. ROO.- En una actitud desafiante a la justicia federal, la alcaldesa María Elena Hermelinda Lezama Espinosa se niega a cumplir una sentencia definitiva que le fue notificada tres veces en menos de un mes.
El desdén del gobierno que encabeza es contra un amparo definitivo que resolvió el Juzgado Cuarto de Distrito, que ordena reintegrar más de 72 mil pesos que cobró indebidamente al Hotel Med Cancún.
En el recibo de notificación del expediente 501/2020 del juzgado federal se advierte el infructuoso envío de avisos para hacer cumplir el fallo judicial al síndico Heyden José Cebada Rivas, al tesorero Marcelo José Guzmán y a la presidenta municipal de Benito Juárez, Quintan Roo, según los oficios 12796/2020, 12797/2020 y 12798/2020.
El caso tiene que ver con la devolución del inconstitucional cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) que se aplica mensualmente a los recibos de pago que expide la Comisión Federal de Electricidad, y que se sustentan en el artículo 113 de la Ley de Hacienda del Municipio Benito Juárez.
Ante la reiterada omisión de cumplimiento del fallo, el juez Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez envió un ultimátum al tesorero municipal para que en un plazo máximo de 72 horas se obedezca la resolución a favor del centro de hospedaje ubicado en el kilómetro 21.5 del Boulevard Kukulcán de la Zona Hotelera.
De darse otro desacato, se iniciará el proceso contemplado en los artículos 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento total y expedito del amparo mediante la imposición de una multa y remitir el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El emplazamiento al tesorero municipal le advierte una sanción económica de 100 unidades de medida y actualización equivalentes a ocho mil 688 pesos, cuyo pago no podrá ser costeado de las arcas públicas sino de su bolsillo.
De persistir la actitud contumaz del funcionario “se remitirá el expediente al Tribunal de Alzada para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del cargo y su consignación”.
La empresa Operadora de Aldeas Vacacionales, S.A. de C.V., a través de la apoderada Virginia García García, solicitó la protección de la Justicia de la Unión contra el cargo que recibió de la Comisión Federal de Electricidad correspondiente al servicio 7750092-05-16OAV7-30502, del periodo de facturación comprendido entre el 29 de febrero al 31 de marzo pasado.
Al analizar el caso, el Juzgado Cuarto de Distrito decretó la inconstitucionalidad del cobro que sustentó en la tesis 3ª. LXX/93 de la Tercera Sala del Alto Tribunal de la Nación, la cual dicta que ante una ejecutoria de amparo corresponde al Ayuntamiento devolver las cantidades cubiertas.
Al decretarse la protección federal se ordenó al municipio benitojuarense reintegrar 72 mil 557.70 pesos, equivalente al 5 por ciento del monto total por consumo de energía eléctrica.
El caso del Hotel Med Cancún se suma a una avalancha de amparos contra el DAP que afectan cada vez más las arcas del gobierno municipal, ante los juicios de garantías interpuestos también por empresas inmobiliarias y otros negocios pequeños y medianos.
Otros que han logrado también la protección de la justicia federal por el mismo reclamo han sido el Hotel Fiesta Inn operado por el Grupo Posadas S.A.B. de C.V., clubes, restaurantes y bares bajo la Operadora Real Arenas S.A. de C.V., las Tiendas Chapur S.A. de C.V. y clubes de playa representados por Likarbe S.A. de C.V., entre otros prestadores de servicios turísticos.
FUENTE: Luces del Siglo
