Redacción Macronews | Por Santiago Ramírez.-
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó dos proyectos turísticos en el municipio de Othón P. Blanco, al determinar que no cumplían con los criterios técnicos y ambientales necesarios para su autorización.
Se trata de los desarrollos “Ximbal Lagoon”, promovido por Luis Alfredo Alarcón Gómez, y “Sunrise Villas”, impulsado por Tzu Hua Jen, ambos ubicados en zonas cercanas al sistema lagunar de Bacalar, uno de los ecosistemas más frágiles y emblemáticos del sur de Quintana Roo.
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De acuerdo con la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), el proyecto Ximbal Lagoon fue negado “conforme a los razonamientos técnicos y jurídico-ambientales” establecidos en su resolución.
El desarrollo planeaba instalarse sobre la carretera federal Chetumal–Bacalar, en terrenos del ejido Juan Sarabia (parcela 88P1/1Z2), con una inversión estimada de 100 millones de pesos. El plan contemplaba la construcción de 14 villas, cinco cabañas tipo A (dúplex), siete tipo B, además de albercas, zonas de yoga, asoleaderos y un “jungle gym”.
Aunque los promoventes argumentaron que las estructuras se levantarían sobre pilotes para evitar alterar los flujos hídricos del terreno, la Semarnat concluyó que las obras representarían un riesgo para el equilibrio ecológico, ya que podrían modificar la dinámica natural del área, considerada ambientalmente sensible.
En el caso del proyecto “Sunrise Villas”, la dependencia señaló que su antecedente data de la década de 1980, cuando se construyeron tres edificios familiares. Posteriormente, el nuevo propietario buscó transformarlo en un complejo turístico y de hospedaje ante el auge del turismo en el sur del estado.
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Sin embargo, una inspección realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) derivó en la resolución administrativa 0098/2024, emitida el 12 de julio de 2024, en la que se ordenó al promovente someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental.
Tras el análisis técnico correspondiente, la Semarnat negó la autorización ambiental, impidiendo la continuación, operación y mantenimiento de las obras, al considerar que no garantizaban la protección del entorno natural.
