CANCÚN, Q. ROO.- No es fácil denunciar a una mujer como Mara Lezama Espinosa —o a cualquier político— por los riesgos y el peligro que esto implica, señalaron Flor Tapia Pastrana y Roberto García Villalobos, de la asociación civil Opus Magnum, quienes temen por su vida.
Ellos ratificaron el pasado 2 de julio ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las investigaciones por “operaciones con recursos de procedencia ilícita, encubrimiento y lo que resulte” contra la alcaldesa morenista de Benito Juárez. Ambos creen que su vida está en peligro porque “se cimbran muchos intereses”.
Por eso, exigieron a los titulares de estas dependencias del gobierno de México, Alfredo Higuera Bernal y Santiago Nieto Castillo, respectivamente, proceder hasta las últimas consecuencias en las indagatorias, y consideraron “muy dudosa” la omisión del titular de la UIF de “no mencionar nuestra denuncia”, cuando dijo que no había ninguna investigación contra Lezama Espinosa, a pesar de que presentaron formalmente la acusación desde hace más de dos meses.
La directora general de Opus Magnum, Flor Tapia Pastrana, explicó que la denuncia presentada en junio, y ratificada en julio, contra la presidenta municipal, es atendiendo las reiteradas invitaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de contribuir en las acciones contra la corrupción en México. “Ahora esperamos que haya piso parejo para todos”, manifestó.
“Concluimos que, para nuestra asociación, el poder representa llevar a la ciudadanía hacia una mejor calidad de vida, pero no para una familia como actualmente ocurre en Cancún”.
La denuncia exige se investigue la procedencia de los recursos (más de 3 millones de pesos) para comprar en Playa del Carmen las unidades —con todo y concesiones— de seis taxis con número económico 2319 y 6598, a nombre de María Elena Hermelinda Lezama; 2318, de Omar Terrazas García (esposo); 2320, de Daniel Berrón Lezama (hijo); 2321, de Omar Terrazas Lezama (hijo); y, 2322, de Mara Terrazas Lezama (hija).
Asimismo, las adquisiciones realizadas por los hijos varones, el hermano y el esposo mediante la “Desarrolladora Cumpal” con valor comercial de más de 40 millones de pesos, como ha sido un bien inmueble con escritura pública número 15242, ubicado en la Avenida Yaxchilán; una propiedad en el lujoso fraccionamiento Puerto Cancún, con escritura pública número 14784; otra propiedad de 2 mil metros cuadrados ubicada sobre la Avenida Huayacán, donde construyen una gasolinería y locales comerciales, con escritura pública número 20736.
La idea de denunciar a Lezama Espinosa y su empresa familiar “Desarrolladora Cumpal” surgió durante varias pláticas, desde el año pasado, entre los miembros de la asociación civil, donde hay abogados, periodistas, ingenieros, médicos y demás profesionistas que “nos fuimos indignando con las informaciones y los escándalos de Mara; vimos mucho derroche”.
Si la fuerza civil —dice— que son todos los ciudadanos no exigen ni denuncian, y permanecen inmóviles ante los constantes señalamientos por irregularidades en el gobierno municipal de Benito Juárez y de otros, “¿quién lo hará?: nadie”.
La diferencia es que Opus Magnum es una asociación civil que siempre ha trabajado legalmente, a fondo, con documentación, no con discursos sino con hechos.
“Cuando nos llegan comentarios de ciudadanos o de nuestros miembros sobre abusos en el poder o injusticias sociales procedemos a verificar para ver qué procede y hacerlo”.
Junto con Roberto García Villalobos, explicaron que son una organización con sede en Cancún, Quintana Roo, que ha logrado, por ejemplo, modificar la Constitución del Estado mediante el apoyo de los legisladores para suspender definitivamente las corridas de toros y las peleas de gallos en toda la entidad.
De hecho, hay una controversia judicial contra la alcaldesa de Benito Juárez, quien —a pesar de ser vigente esta ley— permitió que se realizara una corrida de toros el diciembre pasado.
“Si procede esa demanda contra Mara Lezama inmediatamente deberá ser inhabilitarla por doce años para que no ejerza ningún cargo en administraciones públicas”, aseguraron.
FUENTE: Luces del Siglo
