El Congreso de Quintana Roo aprobó una reforma al artículo 182 del Código Penal, con el objetivo de aplicar sanciones más severas a taxistas y operadores de Uber que participen en actos violentos. Sin embargo, esta reforma también incluiría a colectivos o grupos de manifestantes que, por alguna razón, bloqueen vialidades en el estado.
La propuesta impulsada por la gobernadora Mara Lezama tiene como objetivo prevenir situaciones similares a las manifestaciones ocurridas en enero de 2023, cuando los taxistas del Sindicato Andrés Quintana Roo de Cancún bloquearon las calles de la zona hotelera, lo que impidió que cientos de turistas pudieran llegar a tiempo a sus vuelos en el Aeropuerto de Cancún.
Para ello, la nueva redacción del artículo del Código Penal contempla una sanción de hasta cuatro años de cárcel a quienes participen en estos bloqueos o que además dañe la infraestructura o tecnologías en vialidades del estado.
“Al que de cualquier modo dañe, altere, destruya, obstaculice o modifique alguna vía señalización, aparato, tecnología, instalación mobiliario de infraestructura vial, medio de comunicación o de transporte destinado a la prestación de servicios públicos o privados de transporte, interrumpiendo o dificultando los servicios, se le aplicará la prisión de seis meses a cuatro años”, se lee en el dictamen aprobado.
En la redacción anterior no se consideraba la obstrucción de las vialidades, lo que permitía que no solo los taxistas, sino también algunos colectivos y manifestantes, pudieran realizar bloqueos sin ser detenidos. Sin embargo, con los nuevos lineamientos, las autoridades podrían remitirlos a prisión si así lo determinan.
“El objetivo es preservar el orden público y garantizar la paz social en un marco de respeto a los derechos humanos, atendiendo las demandas sociales en materia de seguridad y procuración de justicia, mejorando los niveles de percepción de seguridad pública y ciudadana”, argumentó la gobernadora en su iniciativa.
