Por unanimidad de votos, el Congreso de Quintana Roo aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que incluye una reestructura administrativa con miras a agilizar y hacer más eficiente la procuración de justicia.
Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Justicia, mencionó que este cambio propuesto por la gobernadora Mara Lezama Espinosa tiene como principal punto la especialización del personal dedicado a investigar y perseguir los delitos.
Esta reestructuración de la fiscalía considera la creación de tres unidades de Fiscalía de Distrito bajo una división geográfica que contempla al norte, centro y sur del estado. Estas unidades permitirán el descongestionamiento del sistema y de esta forma agilizar los procesos.
La reforma establece también la creación de 18 fiscalías especializadas, con las que se pretende centrar las investigaciones de hechos delictivos de su competencia, lo que permitirá garantizar una procuración de justicia eficaz.
Otras de las modificaciones aprobadas son la creación de un Consejo del Ministerio Público que funcionará como un órgano auxiliar y la creación de Direcciones de la Construcción de la Paz que se encargarán de la emisión de políticas, programas y proyectos que orienten a la ciudadanía sobre las funciones de la FGE.
El impacto presupuestal que se ha considerado para la implementación de esta reestructuración es de 333 millones 684 mil 581 pesos, mismos que deberán ser contemplados dentro del Presupuesto de Egresos 2024.
“Ya se reformó a la Secretaría de Seguridad Pública en la de Seguridad Ciudadana, pero necesitábamos cambiar también al órgano encargado de la procuración de justicia. Porque de nada sirve que los policías detengan y entreguen a los delincuentes, si al final por errores en el proceso salen libres”, puntualizó el legislador.
Se espera que la reforma sea publicada en los siguientes días en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, a fin de que entre en vigor antes de que la Fiscalía envía al Congreso su proyecto presupuestal para 2024, a fin de que considere los gastos necesarios para implementar la reorganización.
