Las reformas a la movilidad aprobadas por el Congreso de Quintana Roo obedecen a un interés colectivo mayor: la seguridad; más allá de los intereses de algún sector en particular, consideró Jissel Castro Marcial, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Al referirse a la obligación de utilizar casco y chaleco con la placa de la motocicleta, insistió en que se trata de dotar de mayores elementos de seguridad, toda vez que 80 por ciento de los delitos de alto impacto son realizados utilizando ese tipo de vehículos.
“El objetivo de esta reforma es que exista mayor obligación por parte de los conductores de motocicletas y por supuesto para reforzar el tema de seguridad en el estado. Esto se derivó de unas mesas de trabajo que hemos tenido con los cuerpos de seguridad”, mencionó.
Destacó que no se trata de medida recaudatoria, sino que se busca una mayor seguridad vial para los propios conductores de motocicleta.
De acuerdo a lo que señala la reforma, desde que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado corre un plazo de 60 días naturales para que los ayuntamientos hagan las adecuaciones correspondientes a los reglamentos de tránsito, después de lo cual las policías de tránsito podrán supervisar el cumplimiento de dicha disposición, y en caso de no acatarse, aplicar las multas que serán de 7 a 10 veces el valor de la UMA, y el envío de la motocicleta al corralón.
