Se trata de una propuesta para la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas.
Los particulares que participen en actos de corrupción podrían ser acreedores a sanciones económicas de hasta 113.2 millones de pesos (un millón 500 mil UMA’s), según la iniciativa para la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas.
Se trata una propuesta presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) que considera incluir además de varios capítulos relacionados con faltas y omisiones de servidores públicos, los denominados “De los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves” y “Sanciones por faltas de particulares”.
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En lo que respecta a personas físicas, la sanción económica podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, o en caso de no haberlos obtenido, el equivalente a la cantidad de 100 (siete mil 549 pesos) hasta 150 mil veces (11 millones 323 mil 500 pesos) el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Además, la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un periodo no menor de tres meses ni mayor a ocho años.
De igual manera, deberá cubrir una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos.
En el caso de personas morales (empresas), la sanción económica podrá igualmente alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, el equivalente a la cantidad de mil (75 mil 490 pesos) hasta un millón 500 mil veces el valor de la UMA (113 millones 235 mil pesos).
También perderá todo derecho a participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo mínimo de tres meses y hasta diez años.
También habrá suspensión de actividades, por un periodo de tres meses hasta tres años, que consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios.
En los casos graves, se prevé la disolución de la sociedad respectiva, que consistirá en la pérdida de capacidad legal de una persona moral; además se deberá pagar una indemnización por daños y perjuicios.
Quién castigará
Los casos serán atendidos y resueltos por el Tribunal de Justicia Administrativa, cuya figura quedó creada en la reciente reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.
Las faltas administrativas en las que podrán incurrir los particulares son soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de ex servidores públicos.
Esta última falta, según el artículo 71 de la iniciativa, ocurre cuando un particular contrata a quien haya sido funcionario durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión.
La última falta administrativa, de particulares en situación especial, refiere a aquellas realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña o de transición y líderes sindicales y que tengan que ver exigir o comprometer beneficios a cambio de una ventaja indebida.
Fuente: Sipse
