Redacción Macronews.- El puerto de Chiquilá enfrenta un desafío crítico que va más allá de la imagen urbana. El alcalde de la comunidad, Jairo Naín Pérez Coral, reconoció abiertamente que actualmente no existe un control real sobre la cantidad de perros que deambulan por las calles, una situación que ya se ha transformado en un problema de salud pública y seguridad para los habitantes y visitantes.
Ante la gravedad del panorama, el edil ha solicitado la intervención urgente del área de Bienestar Animal para buscar alternativas viables que permitan mitigar esta problemática, la cual se ha vuelto cada vez más evidente y peligrosa en el puerto.
Riesgos sanitarios durante la temporada de sequía
Pérez Coral explicó que la actual temporada de estiaje agrava significativamente el riesgo sanitario. Las heces fecales que quedan acumuladas en la vía pública se secan y, al ser levantadas por los fuertes vientos, se dispersan en el aire. Este fenómeno incrementa las probabilidades de brotes de enfermedades gastrointestinales entre las familias de Chiquilá, al contaminar alimentos y espacios comunes.
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Inseguridad vial y ataques constantes
Además del foco de infección, la proliferación de canes representa un peligro latente para la integridad física de la población:
Accidentes viales: El alcalde señaló que la presencia masiva de perros en las calles pone en riesgo a quienes circulan en bicicleta o motocicleta, ya que los animales suelen atravesarse de manera repentina, provocando caídas y colisiones.
Ataques a ciudadanos: Pérez Coral reveló que prácticamente a diario atiende reportes de personas que han sido atacadas por perros en la vía pública. Aunque hasta el momento no se han registrado consecuencias fatales, la frecuencia de estos incidentes es alarmante.
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El dilema de la responsabilidad y el maltrato
Uno de los mayores obstáculos para solucionar el problema es la falta de dueños responsables. El alcalde lamentó que, en la mayoría de los casos de agresión, nadie se hace responsable del animal.
Paradójicamente, mencionó que cuando la autoridad intenta intervenir para aplicar medidas de control o atender situaciones de maltrato, algunos ciudadanos reaccionan con amenazas de denuncias formales, obstaculizando las acciones necesarias para garantizar el bienestar colectivo y la seguridad en el puerto de Chiquilá.
















