El contraste entre los índices de pobreza y la bonanza turística en el municipio de Puerto Morelos, se agrava con el derroche que Laura Fernández Piña realiza a través de la renta de nueve inmuebles, que entre enero y septiembre de 2018, significaron un gasto total de 5 millones 871 mil 221.82 pesos.
El propio portal de transparencia del Ayuntamiento desnuda el derroche en servicios de la actual administración, que paga por la renta de inmuebles y hasta por el servicio de fotocopiado, en un municipio que apenas supera los 14 mil habitantes, y donde la burocracia ha crecido exponencialmente, generando todo tipo de gastos que bien podrían ser utilizados en programas prioritarios para combatir a pobreza.
El discurso de Laura Fernández Piña se contradice con lo que ocurre en Puerto Morelos, y pese a que hace unos días, en la reunión de la Conamm (Comisión Nacional de Municipio de México) mostró su preocupación por un posible recorte en diversos programas y partidas federales, pero en los hechos pasa lo contrario cuando salen a relucir gastos innecesarios.
Los contratos de arrendamiento no especifican el uso que se le da a los inmuebles, pero se estima que es para las distintas oficinas que Fernández Piña ha abierto a lo largo y ancho del territorio municipal durante su administración.
Lo que, a la ciudadanía molesta, dicen, es que, a pesar de la necesidad de recursos para combatir la pobreza, siga malgastando los recursos en la renta de oficinas, cuando el municipio es muy pequeño.
“En el peor de los casos deberían invertir en un inmueble propio, para que los recursos que se tiran en renta, se invierta en obras y programas sociales.
“El municipio no es muy grande, por ello no se concibe como es que se rentan tantas oficinas”, señalan vecinos.
MILLONARIO ARRENDAMIENTOS
Según el portal oficial del Ayuntamiento, tan sólo este año se firmaron 9 contratos para el arrendamiento de igual número de inmuebles.
El gasto más oneroso es con la empresa Loren’s del Caribe, S.A. de C.V. a la que se le rentan siete locales comerciales ubicados en la supermanzana 17, manzana 10, lotes 15, 16 17, calle 39, colonia Joaquín Zetina Gasca, por un monto mensual de 185 mil 667.74 pesos. El contrato MPM/OM/LRP/ ARR/007/2018 específica que la vigencia fue del 2 de enero al 29 de septiembre de 2018, en los que se gastaron 1 millón 671,009.66 de pesos.
Otra renta es una propiedad de Emilio Muñoz Rodrigo, al que se le paga mensualmente 128 mil 889.92 pesos, y en los nueves meses de vigencia del contrato, sumó un gasto de 1 millón 160,009.28 de pesos. Por el inmueble propiedad de Mercedes del Pilar Espinosa Payán, ubicado en la SM 18, Mz 05, lote 33, calle 2-A, de la misma colonia Joaquín Zetina Gasca, se pagaron 92 mil 800 pesos mensuales, que representaron un monto total de 835,200 pesos en los 9 meses del contrato exhibido en el portal.
Alonso de Jesús Alonzo Rodríguez, cobra 81,200 pesos mensuales, que representan un gasto de 730 mil 800 pesos durante 9 meses, por arrendar una oficina en la misma colonia Joaquín Zetina Gasca.
Aimee Regina Rodríguez Vivas, cobraba 71,340 pesos mensuales, que significaron un dispendio de 642,060 pesos durante los primeros nueve meses de este año.
PAGAN EN FOTOCOPIAS 1.3 MILLONES DE PESOS
Además del dispendio millonario en rentas de inmuebles, otro de los derroches de dinero realizados este año por la alcaldesa Laura Fernández Piña fue por el pago de más de 1 millón de pesos por el “servicio de fotocopiado, impresión y escaneo de documentos” a la empresa COPIADO MÉRIDA S.A. de C.V., representada por Ana Martha Aguilar Vaquier.
Según copia del contrato firmado a principios de año, el precio unitario fue de $0.38 centavos por copia en B/N; $3.75 pesos a color y $0.25 por escaneo en B/N y color.
Al final de los servicios, los gastos totales fueron 969 mil 827.59 pesos (1 millón 125 mil pesos con IVA).
El contrato MPM-0M-LRP-SER-002-2018 fue firmado por Héctor Gilberto Alcaraz Argote, Oficial Mayor, y Manuel González Tamajana, tesorero municipal.Además, al proveedor Carla Maritza Ochoa Mezquita se le pagaron facturas por impresión de documentos por un monto de 270 mil pesos.
Fuente: La Verdad
