• La Fiscalía General del Estado informa que los detenidos en flagrancia por posesión de presuntas drogas son Yesenia “N” y Roberto “N”, quien es el líder de una banda delictiva que opera en varios países
• Tras labores de investigación, este organismo autónomo pudo rescatar a cuatro mujeres, presuntas víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena: dos de nacionalidad colombiana, una mexicana y una venezolana
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Benito Juárez.- Tras llevar a cabo diversos trabajos de investigación, la Fiscalía General del Estado logró desarticular una banda internacional dedicada a la trata de personas en este municipio, con la captura en flagrancia de dos personas, entre ellos un masculino, considerado como líder de una banda criminal que opera en varios países.
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Se trata de Yesenia “N” y Roberto “N”, quienes fueron detenidos en la avenida Copán de la Supermanzana 15 del municipio de Benito Juárez, relacionados por su probable participación en hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
Al momento de la captura, elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo les encontraron diversas bolsas que contenían vegetal verde y seco con características similares a la marihuana, mismas que fueron aseguradas, al igual que un automóvil con placas de circulación de la Ciudad de México.
Las primeras investigaciones relacionan a los ahora detenidos con una banda criminal internacional, dedicada a la venta de drogas y trata de personas; tras obtener dichos datos, este organismo autónomo pudo rescatar a cuatro mujeres, presuntas víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena: dos de nacionalidad colombiana, una mexicana y una venezolana.
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Las mujeres pertenecientes a la banda delictiva de la cual Roberto «N» forma parte, eran obligadas a proporcionar servicios sexuales, y se les cobraba una cantidad semanal.
Tras completar las diligencias correspondientes, Roberto “N” y Yesenia “N” fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien en el término constitucional previsto definirá su situación jurídica.
