Por malversación de recursos públicos del orden de 11 mil 183 millones de pesos, hasta el momento han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado 84 funcionarios de primer nivel de la pasada administración de Roberto Borge Angulo, así como ocho ayuntamientos, informaron diputados y auditores del estado.
Se trata de 27 denuncias de tipo penal promovidas por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) por la mala utilización y gastos no comprobados durante los ejercicios fiscales de 2015 y 2016, de acuerdo con los primeros resultados de la “revisión extraordinaria” que se realizó a las aproximadamente 70 cuentas públicas de 2015.
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Estas cuentas fueron aprobadas por la pasada XIV Legislatura “al vapor”, poco antes de concluir el mandato de Borge.
En concurrida conferencia de prensa, encabezada por el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, Emiliano Ramos Hernández, y por el titular interino de Aseqroo, Manuel Palacios Herrera, se informó que el listado de anomalías muestra conductas posiblemente constitutivas de delitos y por ello es que se procedió a interponer directamente las denuncias de tipo penal.
“Las revisiones y scalización de las cuentas públicas de la administración pasada continuarán”, enfatizó el auditor Palacios Herrera.
Por las mismas ilegalidades, agregó, la Auditoría Superior iniciará de manera administrativa los procedimientos resarcitorios para tratar de recuperar el patrimonio público.
El diagnóstico indica que estas cuentas públicas se revisaron sólo en un 65 por ciento a mediados de 2016, y sus dictámenes con observaciones menores fueron pasadas y aprobadas “fast track” por los diputados de la legislatura anterior, con mayoría del PRI.
En la revisión de las cuentas públicas del ejercicio 2016 también se encontraron anomalías en el uso de los recursos públicos; las cometieron las mismas dependencias, para estatales y ayuntamientos.
Los diputados y el auditor se reservaron dar a conocer los nombres de los ex funcionarios borgistas y alcaldes priistas que ya comenzaron a ser denunciados, con la nalidad de no violar el debido proceso y que los presuntos responsables del saqueo al erario no puedan echar para atrás los procedimientos penales en su contra.
Entre las dependencias saqueadas durante el Gobierno de Borge guran la Secretaría de Finanzas y Planeación (Seplan) con un total de 2 mil 802 millones de pesos por la comisión de diversas irregularidades durante los periodos 2015 y 2016.
Una es por el desvío de mil 522 millones de pesos en la que resultaron presuntamente implicados 17 ex funcionarios; otra por la cantidad de 706 millones con siete responsables; y la última por la comisión de ilegalidades que ascienden a 574 millones, en la que habrían participado los mismos 17 ex fucionarios del primer caso.
En la Secretaría de Desarrollo Agropecuario la afectación es por la cantidad de 3 mil 375 millones de pesos, de los cuales mil 522 millones corresponden al ejercicio fiscal 2015, y sus responsables serían 17 ex funcionarios.
De la cuenta pública 2016 se detectaron irregularidades de mil 853 millones de pesos contra los mismos 17 ex funcionarios.
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Y en las cuentas de la Secretaría de Salud (Sesa) el desfalco documentado hasta ahora es por 332.2 millones que conducen directamente a cuatro ex funcionarios de la dependencia.
En el Instituto del Patrimonio de la Administración Pública (IPAE) la afectación es por mil 444 millones y corresponden al ejercicio 2016. Los denunciados en este caso son cinco ex funcionarios.
Contra la empresa Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. (Vip Saesa), en el ejercicio 2015 se encontraron irregularidades de 619 millones de pesos que acusan directamente a nueve ex funcionarios.
Las cuentas públicas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado señalan afectación por mil 561 millones, mil 55 millones corresponden a 2015 y 506 millones a 2016; se señala a tres ex funcionarios como presuntos responsables.
El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) también fue afectado por 784. 4 millones; del ejercicio 2015 5.8 millones y 778.6 millones corresponden al 2016, siendo presuntos responsables dos ex funcionarios.
También en el manejo de los recursos por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) durante el ejercicio 2016, se detectó un desvío de 2.1 millones de pesos por los cuales ya interpuso denuncia contra seis funcionarios actualmente en funciones.
También los Municipios
La lista de los ayuntamientos afectados por la serie de desfalcos la encabeza Othón P. Blanco con un monto de 2.8 millones de pesos en 2015, en el cual estarían involucrados cinco ex funcionarios.
En el municipio de Felipe Carrillo Puerto la afectación fue de 27.7 millones de pesos; 24.7 en 2015 y 1.5 millones en 2016, por los cuales se responsabiliza a siete personas en el primer caso y cinco en el segundo.
Contra el erario de Solidaridad en el ejercicio fiscal 2016, se documentó un desfalco por 88.4 millones y se ha denunciado a siete ex funcionarios.
En Lázaro Cárdenas se detectó una afectación total de 9.3 millones, durante el periodo 2015-2016 y se tienen identicados a 11 presuntos responsables.
En el Ayuntamiento de Cozumel, durante el ejercicio fiscal del 2016, se detectó un desfalco de 1.3 millones por los cuales resultaron responsables dos personas que a su vez acusan directamente a dos ex funcionarios.
A su vez, la cuenta pública 2016 del municipio de Puerto Morelos arrojó 28.2 millones de afectación, presuntamente de parte de siete ex funcionarios.
En Tulum alcanzó la cantidad de 134.5 millones en total en ambos períodos de ejercicio fiscal. Y para Isla Mujeres el desvío de recursos detectado fue de 136.7 millones de pesos.
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Entrevistado sobre su participación en la realización de las auditorias 2015 que se aprobaron al vapor por la XIV Legislatura, el actual titular interino de la Aseqroo, Manuel Palacios Herrera, reconoció que tuvo conocimiento de ilegalidades nancieras en diversas dependencias y organismos de los Poderes del estado.
Sin embargo, aun cuando se desempeñaba como auditor especial no las denunció formalmente y se limitó a realizar observaciones a sus superiores; dijo que omitió denunciar ante las autoridades correspondientes por temor a perder su empleo.
Palacios Herrera es desde hace más de cinco años el auditor especial de la Aseqroo y actualmente, a pesar de su omisión, pretende que la legislatura lo designe como titular del máximo organismo fiscalizador.
Fuente: Luces del siglo.
