Los homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada suman 48 en lo que va de este mes de febrero en Quintana Roo, cuerpos que saturan los Semefos, en espera de ser reclamados.
En conferencia de prensa, Óscar Montes de Oca Rosales, Fiscal General del Estado (FGE), informó que van 53 homicidios en la entidad, de los cuales el 90% están relacionados con la delincuencia organizada, por lo que se catalogan como ejecuciones.
“Ese es el número que tenemos de personas no necesariamente ejecutadas, sino homicidios dolosos que derivan en riñas, tales ejecuciones algunas otras, o alguna otra causa, el 90º% tiene relación con actividades como el narcomenudeo”, dijo Óscar Montes de Oca Rosales.
El funcionario estatal comentó que esa cifra es menor a lo que se tuvo en enero de este mismo año; sin embargo, es mayor a lo que se tuvo en febrero del año 2019, aunque no precisó el número exacto de esos períodos y en espera del cierre del presente mes hasta el 29.
Debido a la situación anterior, los cuerpos deben depositarse en alguno de los cuatro Servicios Médicos Forenses (Semefo) con los que se cuenta en el estado, esperando a ser reclamados por familiares, saturándolos.
“Sí está saturada en estos momentos, pero reitero, ha habido movilidad en cuanto a la entrega y recepción de cadáveres”, recalcó el fiscal.
De igual forma resaltó que en fosas comunes no se sepultan cuerpos no reclamados, sino que allí se albergan los cadáveres, para que una vez que se empiece la construcción y se concluya el panteón forense se canalicen a esa área.
Dicho proyecto del panteón forense está a la espera de hasta 25 millones de pesos para su construcción, que se espera iniciar en este año 2020, dependerá de la autorización de presupuesto por parte del Congreso del Estado por concepto de ampliación de recursos, a instalar en el municipio de Benito Juárez.
Montes de Oca Rosales precisó que son 10 personas que fueron vinculadas a proceso en el mes de enero por homicidio doloso relacionado con ejecuciones; apenas antenoche una persona fue ejecutada en la comunidad de Limones, en el municipio de Bacalar, por la que se hacen las investigaciones.
FUENTE: Sipse
