Abogados consideran que el personal incumplió el protocolo de protección a menores.
Licenciados en derecho y abogados piden la intervención de las autoridades para sancionar a los maestros y personal docente del Centro de Estudios Científicos y Tecnológico (Cecyte) de Leona Vicario, por incumplir con su responsabilidad en la protección de los menores.
Esto en relación al caso del estudiante y menor de edad, Jairo ‘N’, quien aparece un video golpeando a una de sus compañeras en un salón de clases de la escuela en mención, en el municipio de Puerto Morelos.
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A través de un comunicado, los socios del Consejo de Licenciados en Derecho Juristas y Litigantes del Estado de Quintana Roo A.C., Colegio de Abogados con Registro Oficial No. 31, consideran que el acuerdo 20/11/17, Protocolo para la Prevención, Actuación y Sanción en Casos de Acoso y Maltrato Escolar contra Alumnos de Educación Inicial y Básica (en todas sus modalidades) de Quintana Roo, emitido por Marisol Alamilla Betancourt, secretaria de Educación del Estado; resulta ser “letra muerta”, una buena acción que pretendió cumplir alguna recomendación sobre Derechos Humanos
El protocolo establece en sus artículos 15, 16 y 17, 18 inclusive, las responsabilidades de los docentes, del personal administrativo o de apoyo y asistencia a la educación, de los padres, madres y tutores.
Además, indican que al revisar el artículo 35 del acuerdo, resalta que el que el personal docente que fue omiso en atender la fase preventiva y que falló en la aplicación del protocolo una vez revelado el caso.
Esto podría ser sancionado en términos de lo dispuesto por el artículo 85, 90 y 93, pudiendo decretarse la terminación de los efectos del nombramiento como director y/o docente y/o personal de apoyo.
Ante estos hechos, los abogados y litigantes en derecho demandan que el secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, Rafael del Pozo Dergal, en términos de lo dispuesto por el artículo 49 fracción I de Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicie el procedimiento administrativo sancionador en contra de los maestros, director y personal docente, por ser omisos en el cumplimiento a su deber de cuidado, como responsables de la institución educativa, de evitar y no permitir que sean grabados y expuestos públicamente actos de agresión física, con el objeto de humillar, como se observa en los reiterados participaciones en redes sociales del joven agresor.
También hacen un llamado a la Secretaria de Educación Pública (SEP), Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Congreso de la Unión, para intervenir y coadyuvar en lo que corresponda, con el objeto de sancionar posibles omisiones, y desde el punto de vista legislativo, analizar y endurecer las penas previstas en las leyes actuales para prevenir y evitar futuros conflictos, haciendo responsables directos a los adultos que tengan bajo su cuidado menores de edad, de manera que se garantice la integridad física de las niñas, niños y adolescentes en los centro escolares, públicos, particulares o privados.
