REDACCIÓN MACRONEWS.- Una semana después de la denuncia por presunto abuso sexual contra una niña de nueve años dentro de instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Cozumel, 39 organizaciones feministas emitieron un pronunciamiento en el que exigen justicia plena, la aplicación de la pena máxima al presunto agresor y el fin del encubrimiento institucional.
El comunicado, firmado por la asociación Siempre Unidas, colectivos locales y de otros estados, está dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Mara Lezama y a la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez. “¡Justicia para las niñas! Pena máxima para el militar Jairo N y fin al encubrimiento de las instituciones en Cozumel que buscan limpiar el nombre de la Sedena”, señala el documento.
Entre las principales demandas de los colectivos se encuentran que el proceso se lleve en jurisdicción civil, la protección integral para la familia de la víctima y una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General del Estadopara descartar la posible existencia de otras niñas violentadas en la base militar.
Asimismo, las organizaciones exigieron el cese del hostigamiento contra los padres de la menor, quienes denunciaron haber sido criminalizados y obligados a firmar declaraciones falsas que minimizaban el caso. Pidieron también la destitución de los funcionarios involucrados en estas prácticas.
Otro punto central del pronunciamiento es la exigencia de una disculpa pública y la renuncia inmediata del presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón Méndez, a quien acusan de revictimizar a la familia y sumarse a la narrativa de encubrimiento institucional.
Los colectivos destacaron que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de una estructura de impunidad que protege a militares y criminaliza a víctimas. “La justicia no se negocia: exigimos pena máxima y un juicio civil transparente. La vida y seguridad de las niñas está por encima de los intereses políticos o institucionales”, enfatizaron.
Finalmente, anunciaron que mantendrán una vigilancia constante del proceso judicial y no permitirán que el caso quede en la impunidad, reiterando su compromiso con la protección de los derechos de las niñas y la erradicación del encubrimiento institucional.
