BENITO JUAREZ, 3 de agosto.– El fiscal general del Estado de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca Rosales, informó que como parte del balance semanal de acciones emprendidas por la autoridad ministerial, 75 personas fueron puestas a disposición de la FGE por parte de diversas autoridades: 19 por delitos contra la salud, 17 por robo, 13 por trata de personas, una por homicidio, cuatro por lesiones culposas, seis por daños culposos, una por violencia familiar, tres por falsificación y uso de documentos falsos, una por encubrimiento, una por violación a las órdenes de protección, cinco por portación de arma prohibida, una por desobediencia y resistencia de particulares, una por daños dolosos y dos por despojo.
El titular de la FGE Quintana Roo también indicó que se logró la vinculación a proceso de 19 personas, de ellas, cuatro fueron por homicidio, cinco por robo, ocho por delitos contra la salud, una por violencia familiar y una por tentativa de homicidio.
Del 27 de julio al 2 de agosto, nueve personas quedaron en prisión preventiva: Una por tentativa de homicidio, una por delitos contra la salud y siete por robo. Cabe destacar que, muchos detenidos aún se encuentran dentro del plazo constitucional para resolver su situación legal, es decir, para conocer si son vinculados a proceso, o no.
Asimismo, se solicitaron 22 órdenes de aprehensión: Cinco por violación, cinco por abuso sexual, una por desaparición cometida por particulares, dos por tentativa de homicidio, cuatro por homicidio calificado y cinco por robo.
Se cumplimentaron ocho mandatos judiciales: Dos por violación, una por tentativa de homicidio y cinco por robo.
También, mediante instrucciones judiciales, se efectuaron seis cateos (tres por delitos contra la salud, dos por trata de personas y una por secuestro), en uno de los cuales, perdió la vida un comandante de la Policía de Investigación, durante un enfrentamiento con sujetos que se encontraban al interior de la vivienda.
Sobre los 13 detenidos implicados en el delito de trata de personas, Montes de Oca dijo que ya fueron puestos a disposición del juez de Control y que el trabajo de los fiscales especializados en Investigación de Trata de Personas logró que el órgano jurisdiccional ratificara como legal su detención, luego de cumplimentarse dos cateos a inmuebles donde presuntamente se realizaban prácticas con fines de explotación sexual, uno ubicado en la cabecera municipal de Solidaridad, y el otro en el Bulevar Kukulcán, de la cabecera municipal de Benito Juárez.
En tanto, las 21 mujeres rescatadas en ambos eventos, entre las que se incluyen siete de procedencia extranjera, ya son atendidas conforme a lo establecido en el protocolo nacional para víctimas de este delito.
Como parte de las medidas de protección que otorga el estado mexicano a las víctimas -no sólo en lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales sino con base en las disposiciones señaladas en la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Trata de Personas- las víctimas ya cuentan con la asesoría legal necesaria durante el proceso iniciado y una vez concluido, podrían permanecer en territorio nacional hasta su recuperación, obtener residencia permanente o la condición de refugiado, o bien, solicitar su retorno voluntario.
El titular de la FGE Quintana Roo dijo que ya existe coordinación con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en el Estado de Quintana Roo y con la Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas a nivel federal, con el objetivo de lograr la recuperación de este grupo de mujeres para que retomen su proyecto de vida.
Oscar Montes de Oca aseguró que, pese a que por décadas, la seguridad y la procuración de justicia en la entidad estuvo en el abandono, la institución que represente busca revertir esa tendencia negativa a efecto de retomar la confianza de todos los ciudadanos, y es así como continuará protegiendo y defendiendo la integridad y los derechos de las mujeres.
Con acciones como estas, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo cumple con su obligación constitucional de procurar justicia, mediante la identificación, ubicación, persecución y captura de los probables participantes en hechos delictivos, con base en los protocolos establecidos en la Ley.
FUENTE: DQR
