PUERTO MORELOS, Q. ROO.- La justicia federal frenó la aplicación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del Centro de Población de Puerto Morelos 2020-2030.
Una suspensión provisional ordenó al Ayuntamiento detener la emisión de permisos, autorizaciones y licencias de construcción, además de las edificaciones que se ejecuten al amparo de esa normatividad.
La determinación judicial obliga a las autoridades portomorelenses a que cualquier obra civil que se pretenda construir deberá apegarse al PDU anterior del municipio más joven de Quintana Roo.
La medida cautelar decretada por el Juzgado Segundo de Distrito emplazó a que las autorizaciones de desarrollo urbano deberán estar en concordancia con la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT, que establece lineamientos para la preservación, conservación y aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.
Igualmente, con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, denominada Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres —categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio—, lista de especies en riesgo.
“Se hace la precisión que la presente suspensión no tienen por efecto prohibir emitir permisos o licencias, autorizaciones, sólo que no se emitirán conforme al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos 2020-2030”.
La suspensión provisional fue otorgada a la residente municipal e integrante de la comunidad maya, Marbella de los Ángeles Caamal Can, como parte del juicio de amparo al que se le asignó el número de expediente único nacional 27905832, contra la “iniciativa, discusión, aprobación del decreto publicado el 05/03/2021”, en cuyo proceso logró comprobar su interés legítimo.
Para el juez Gerardo Vázquez Morales la quejosa acreditó jurídicamente el “daño inminente e irreparable” del cuestionado PDU, con lo cual se concedió la protección de la Unión “para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan”.
La prohibición persistirá hasta que la autoridad responsable reciba notificación sobre lo que se resuelva en la sentencia definitiva a dictarse en el juicio principal, sin que para dictar la resolución se impusiera pago alguno como garantía al desconocerse la afectación de un posible tercero interesado.
La publicación del decreto del PDU se dio en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el pasado 5 de marzo, por lo que al tratarse de actos consumados a la quejosa se le negó la suspensión provisional respecto a la iniciativa, discusión, aprobación y publicación, aunque no así su operación.
El pretendido programa de Puerto Morelos (colindante con los municipios Benito Juárez y Solidaridad en la Zona Norte de la entidad) fue validado por integrantes del cuerpo edilicio con apenas 20 minutos de precabildeo, en una sesión a puerta cerrada y con un fuerte dispositivo de seguridad custodiando el Ayuntamiento, el pasado jueves 4 de marzo.
El PDU fue cuestionado por la comunidad científica, organizaciones ambientalistas y la sociedad civil, pero pese a las protestas se sometió a votación en la Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria que encabezó la entonces presidenta verdecologista y actual candidata a una diputación federal por el Partido Verde Ecologista, Laura Fernández Piña.
La munícipe fungió durante el proceso de elaboración como presidenta del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano de Puerto Morelos.
El cuestionado programa se llevó antes a una consulta pública que se validó con su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio de Puerto Morelos, el 23 de noviembre 2020, la cual generó peticiones de amparos, pero sin que prosperaran.
El plan avala un aumento en la densidad de hoteles hasta 200 cuartos por hectáreas, fomenta el prohibido desarrollo de casas en zonas inundables y pretende devastar el manglar para un puente que cruza un humedal que conectaría el puerto con un centro logístico de manejo de carga y una estación para el Tren Maya.
Los planes de desarrollo urbano integran disposiciones para ordenar y regular los procesos de conservación, mejoramiento y crecimiento de los asentamientos humanos en un territorio.
fuente: luces del siglo
