Por la cantidad de denuncias, demandas y quejas, hay elementos suficientes para iniciar un proceso jurídico y retirar la concesión de DHC-Aguakan en Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, aseveró Luis Alfonso Vargas Silva, de la Central Única de Trabajadores, quien expresó que se encuentran en evaluación para la creación de un Comité Ciudadano.
“El gran pecado de Aguakan es que se sienten dueños del agua y ésta le pertenece a los quintanarroenses”, expresó el también abogado.
“Las concesiones son revocables; aquí hay grupos de abogados que están trabajando y conocen al detalle la situación; tenemos el derecho a demandar la nulidad como usuario del servicio, por violaciones en el procedimiento que se hubiesen cometido al momento de otorgarla o violaciones de fondo en cuanto al otorgamiento de ese servicio”, comentó.
A decir de Vargas Silva, el problema del agua es grave con la prestación del servicio, por parte de Aguakan e incluso de CAPA.
“Estamos formando el Movimiento del Pueblo en Defensa del Agua y los Derechos Humanos, que es un movimiento con naturaleza apartidista, que trata de organizar la defensa del derecho de contar con el vital recurso al margen de partidos políticos y del gobierno, respetando las condiciones socioeconómicas de las personas”, comentó.
Vargas Silva explicó que el agua es un derecho humano, universal, reconocido por la ONU, y que de acuerdo con el Artículo 115 se establece que el servicio del agua es de carácter público, y le corresponde a los municipios otorgarlo.
Fuente: La Verdad
