El fiscal Óscar Montes de Oca precisó que se trata de dos o tres servidores públicos ubicados en áreas “muy sensibles” que se dedicaban a dar información a estas bandas de extorsionadores
Cancún.- Funcionarios del Ayuntamiento de Solidaridad han fungido como “informantes” de personas o grupos delictivos dedicados al llamado “cobro por derecho de piso” en Playa del Carmen, reveló el titular de la Fiscalía General de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, al señalar que también se ha ubicado a internos en prisiones del estado, comandando extorsiones vía telefónica.
Desde el Complejo de Seguridad C-5, el funcionario rindió un informe sobre la situación del estado en torno a ilícitos como el homicidio doloso, feminicidio, violación sexual, robo, extorsión, secuestro y narcomenudeo, así como de las acciones para modernizar tecnológicamente a la institución, capacitar a sus mil 520 empleados y rehabilitar su infraestructura.
En Cancún, por ejemplo, se han llevado a cabo siete operativos de ese tipo en playas públicas, desde el pasado siete de abril.
Montes de Oca indicó que la gravedad del tema había llegado a un punto en donde se abordaba agresivamente a turistas para venderles enervantes e incluso en algunos casos hubo personas que ingresaron a los hoteles a ofrecer drogas.
Durante los operativos que, adelantó, serán cotidianos y permanentes, se han logrado asegurar personas, drogas, motos acuáticas y armas, además de desmantelar inmuebles improvisados; también se han retirado sombrillas, camastros e infraestructura de servicios colocada ilegalmente en las playas.
En Playa del Carmen van tres operativos realizados el 12, 13 y 25 de septiembre, en playas y en la Quinta avenida, sin la participación de la policía municipal. Durante estas incursiones se detuvo a un promedio de 40 personas, 25 de ellos vinculados a proceso por delitos contra la salud y uno más por un doble homicidio.
El fiscal declaró que los detenidos también son investigados por actos de extorsión, delito en el que se detectó la probable participación de funcionarios municipales, quienes “daban información a sus jefes” sobre las futuras víctimas.
“También encontramos a algunos servidores públicos municipales que se dedicaban a dar información a estas bandas de extorsionadores”, manifestó, al precisar que se trata de dos o tres servidores públicos ubicados en áreas que describió como “muy sensibles”, entre ellas, el Registro Civil.
“Procedimos contra ellos, tenemos las carpetas, tenemos la evidencia, tenemos grabaciones. Desafortunadamente no encontramos mucho eco con la administración actual, pero bueno, ya vendrá la nueva administración y creo que vamos a encontrar más colaboración para limpiar de personas dedicadas a esto, las áreas de la administración”, sostuvo.
Al ser cuestionado, admitió que esa fue una de las razones para excluir a funcionarios del ayuntamiento en los operativos realizados, además de las resistencias de la administración municipal -encabezada por la aún alcaldesa, Laura Beristain- para sumarse a los trabajos coordinados de la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción para la Paz, conformada por la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y Seguridad Pública del estado.
“En su momento no había tanta confianza en ellos, lo digo abiertamente, en sus directivos, por eso no fueron invitados a esos operativos. Esperemos que con el cambio de administración mejoren las cosas”, señaló.
El funcionario confirmó la firma de un convenio con la iniciativa privada denominado “Riviera Maya Denuncia” que consta de seis acciones, siendo la principal la instalación de una Ventanilla Única para interponer denuncias de manera anónima y discreta, sobre posibles actos de extorsión.
En materia de extorsiones telefónicas comentó que se ubicó a un interno del Centro de Readaptación Social localizado en Chetumal, capital del estado, al mando de este tipo de operaciones.
“Tenía un telefono y desde ahí estaba dirigiendo a su banda. Logramos dar con ellos. La Secretaría de Seguridad Pública estatal, mucha colaboración, aplicamos operativos correspondientes y permitió la dinámica para detener a esas personas”, agregó.
En números, citó que del 1 de enero al 15 de diciembre de 2018 se judicializaron nueve carpetas administrativas; en ese mismo periodo de 2019, 16 carpetas; y en 2020, 25.
Por el delito de secuestro, en 2018 se judicializaron 10 carpetas; 16, en 2019 y 19 en 2020; y en narcomenudeo, 247 personas fueron puestas a disposición de un juez; 342, en 2019 y 343 en 2020; mientras que en homicidio, 90 personas, en 2018; 162, en 2019; y 200 en 2020.
La Fiscalía logró en 2018 que un juez les otorgase 298 órdenes de aprehensión y 35 de cateo; en 2019, 476 de aprehensión y 104 de cateo; mientras que en 2020, 599 de aprehensión y 131 de cateo.
El rezago, con independencia de 100 mil carpetas no clasificadas, 30 mil ya se resolvieron y quedan 70 mil pendientes y bajo depuración.
En cuanto a las carpetas iniciadas anualmente, en 2016 se resolvieron 50, de 18 mil 958 y en 2017, 201, de 26 mil 518. Al asumir como fiscal, en 2018, se resolvieron mil 683, de 34 mil 043 iniciadas y para el siguiente año se resolvieron 14 mil 381, de 45 mil 896 carpetas.
En 2020 se iniciaron 40 mil 751 carpetas y se resolvieron nueve mil 828, mientras que en lo que va del año, se han iniciado 27 mil 507 y se han resuelto seis mil 133.
FUENTE. EL UNIVERSAL
