La Comisión Permanente del Congreso del Estado dio entrada a la iniciativa de reforma constitucional que dispone la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo), cuyas funciones serán asumidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como será rebautizada la Secretaría de la Contraloría (Secoes), así como por los órganos internos de control de los poderes Legislativo y Judicial, los órganos autónomos y los ayuntamientos.
La iniciativa presentada por la gobernadora Mara Lezama, en cumplimiento de lo ordenado por la reforma constitucional federal que desapareció al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y otros 6 órganos autónomos, indica que la desaparición del instituto no será al momento de emitirse el decreto de esta reforma, sino cuando se promulguen las reformas subsecuentes a la ley secundaria, lo que deberá realizarse a más tardar 90 días después de la modificación constitucional.
El régimen transitorio propuesto por la iniciativa marca que al momento de que entre en vigor la reforma a la Ley de Transparencia quedará extinto el Idaipqroo, y las personas que ocupan los cargos de comisionadas y comisionado del órgano, Magda Lozano Ocman, Claudette González Arellano y José Roberto Agundis Yerena, cesarán en sus funciones, lo que podrían ocurrir en abril o mayo.
La iniciativa dice que se sustituye al Idaipqroo por un sistema centralizado, eficiente y alineado con las nuevas exigencias legales y tecnológicas, como medida para optimizar recursos y evitar la duplicidad de funciones, así como mejorar la coordinación entre los diversos sujetos obligados.
Para eso, se dispone que los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados, cuya atención era la función principal del Idaipqroo, se deberán trasladar a la Secretaría de la Contraloría, que se llamará de Anticorrupción y Buen Gobierno, en lo que respecta a la Administración Pública Estatal; a los órganos internos de control u homólogos de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como a los órganos internos de control de los órganos autónomos; mientras que en lo que hace a los partidos políticos, se trasladará la tutela al Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo (Ieqroo), y por lo que toca a los sindicatos, al Centro de Conciliación Laboral; al tiempo que se prevé que la ley secundaria establezca la competencia de los municipios.
Respecto a este cambio, la exposición de motivos dice que la iniciativa se promueve con la plena conciencia de que la transparencia y el derecho de acceso a la información no deben verse vulnerados, y para ello incluye el fortalecimiento de mecanismos de control, a la par de modernizar la administración pública, reducir la burocracia y garantizar una gestión más eficiente de los recursos públicos.
Por otra parte, indica que los recursos presupuestales, financieros, humanos y materiales, así como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos del Idaipqroo pasará a formar parte de la dependencia del Poder Ejecutivo Estatal que asuma sus atribuciones, que conforme a otra iniciativa que presentó la gobernadora junto con la constitucional, será la renombrada Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Según el quinto artículo transitorio, los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad según la legislación aplicable.
También se dispone que los actos jurídicos emitidos por el Idaipqroo con anterioridad a la reforma a la legislación secundaria surtirán todos sus efectos legales, y los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la institución que asuma las funciones del órgano extinto.
Esta reforma constitucional va acompañada de otra propuesta para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, para cambiar la denominación de la Secretaría de la Contraloría a la de Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como darle nuevas facultades, entre las que se encuentra la de atender los recursos de revisión en materia de transparencia y acceso de información referentes al Poder Ejecutivo.
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En este caso, escuetamente dice que, con la finalidad de que en la administración pública central y paraestatal se fortalezcan los principios y bases establecidos en la Constitución Federal y en la estatal en materia de transparencia, se le dota a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la atribución de vigilar y coordinar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, por parte de los entes públicos pertenecientes al Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que se garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Las iniciativas fueron turnadas a comisiones para su análisis, junto con otras iniciativas que presentaron la gobernadora del estado e integrantes de la XVIII Legislatura.
FUENTE: DIARIO CAMBIO 22
