Dos niñas, hijas de Victoria Salazar, refugiada salvadoreña privada de la vida en 2021 en Tulum, no fueron reconocidas como víctimas para tener acceso a medidas de compensación que prevé el Estado mexicano.
Las menores actualmente mantienen una lucha a través de su abuela, la señora Rosibel Emérita, quien solicitó a un juez federal invalidar el no reconocimiento como víctimas de sus nietas emitido por un juez de control y un Tribunal de Juicio Oral Penal de Tulum, de acuerdo con el expediente 244/2025 de amparo indirecto consultado en el Juzgado Segundo de Distrito.
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Ante la negativa, en marzo pasado la abuela de las menores solicitó la protección de la Justicia de la Unión; sin embargo, la audiencia constitucional, que resolverá si se les otorga la calidad de víctima a las niñas, se ha venido postergando por los cambios en los juzgados federales tras las elecciones por la reforma judicial.
El pasado 17 de octubre fue la última vez que se volvió a retrasar tal audiencia, la cual ahora quedó programada para el 11 de noviembre a las 9:40 de la mañana.
En caso de que no se vuelva a diferir, la juez federal que lleva el caso, estará en condiciones de dictar una sentencia para que las menores puedan tener la calidad de víctimas y anular así las determinaciones del juez de control y el Tribunal de Juicio Oral de Tulum.
Victoria Salazar fue privada de la vida en 2021 tras una detención policial al salir de una tienda de conveniencia.
De acuerdo con expedientes consultados, los cuatro policías involucrados, entre ellos una mujer, no han sido sentenciados porque hubo un incorrecto planteamiento del asunto en la audiencia inicial de marzo de 2021, pues se les imputó por feminicidio.
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Ante esto, se ordenó reponer el proceso penal, que a más de cuatro años de haberse comenzado, vuelva a su etapa inicial, es decir, como cuando apenas había ocurrido el hecho que conmocionó a un país entero por la brutalidad policiaca con la que se actuó, de acuerdo con un video que circuló ampliamente en redes sociales.