Señalan que sus operaciones en QRoo han sido supervisadas por Semarnat durante décadas
Luego de que el pasado 5 de julio el gobierno mexicano presentara ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una “denuncia por el desastre ambiental” contra la empresa Calica, filial de la estadunidense Vulcan Materials Company y que opera en la Riviera Maya ahora bajo el nombre de Sactun (cambió su nombre comercial en 2019), la compañía emitió un comunicado con su postura.
Además, este lunes 11 de julio está programada la audiencia constitucional donde el juez Noveno de Distrito con sede en Cancún dictará sentencia sobre el amparo tramitado por la empresa contra la clausura que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le impuso en mayo pasado.
«Nos enteramos de la existencia de una supuesta ´denuncia´ en contra de la compañía ante la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por medio de la prensa y las redes sociales, al igual que el público en general. Lo anterior a pesar de nuestros reiterados planteamientos al más alto nivel del Gobierno de México para mantener un diálogo directo y constructivo”, señala el documento dado a conocer en su página web.
Detalla que no tienen conocimiento de los señalamientos específicos de la supuesta “denuncia” planteada por la Semarnat, dado que el Gobierno de México no les ha proporcionado una copia, pero hicieron algunas afirmaciones.
La primera de ellas, que Vulcan Materials Company, propietaria de Sactun (antes Calica), tiene más de 30 años operando de manera legal y acorde con los ordenamientos medioambientales de los tres niveles de gobierno:
“nuestras operaciones en Quintana Roo, México, han sido supervisadas de manera regular y constante durante décadas por Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sin objeciones sustantivas y otorgando Certificados de Industria Limpia por varios años”.
Además, indican, diferentes instituciones gubernamentales mexicanas les han otorgado todos los permisos y autorizaciones correspondientes. “Lo que el Gobierno de México llama falsamente `destrucción ambiental` es el mismo impacto, que en su momento, el propio gobierno evaluó, autorizó y lo consideró aceptable”.
Hacen mención de que la compensación y mitigación de los impactos propios de la producción de cientos de canteras que operan y administran forman parte de su amplia experiencia y trabajo diario. “Gestionamos nuestras actividades productivas con el objetivo de mantener y mejorar la sustentabilidad económica, social y ambiental a largo plazo en la región”, menciona el comunicado.
“La decisión del Gobierno de México de plantear una supuesta `denuncia` ante una institución internacional que no está especializada, ni tiene ámbito de competencia en la materia, es objetable desde varios puntos de vista. Seguiremos defendiendo nuestros derechos a través del proceso de arbitraje en el marco del TLCAN, el cual no se ve afectado por la supuesta ‘denuncia’ del Gobierno de México”, concluye la misiva.
FUENTE: LA JORANDA MAYA
